El narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada García, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, negocia con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para evitar ser juzgado y enfrentar la pena de muerte, lo que ha llevado a aplazar su audiencia judicial hasta el 25 de agosto de 2025.
El juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, aceptó la moción presentada por la fiscalía y la defensa de Zambada, quienes solicitaron una prórroga de 60 días para continuar con las negociaciones. La audiencia estaba programada originalmente para el 16 de junio, pero se pospuso debido a la complejidad del caso y a que aún se evalúa si el gobierno federal pedirá o no la pena capital.
Zambada, de 77 años, enfrenta 17 cargos federales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada. La fiscalía estadounidense considera que, si el capo se declara culpable, podría librar el juicio y transformarse en testigo protegido, lo que representaría un golpe significativo contra el crimen organizado en México.
Intercambio de pruebas y posible acuerdo
Según documentos judiciales, las partes ya intercambiaron pruebas y discuten una posible resolución del caso sin llegar a juicio, lo que refuerza las versiones sobre un acuerdo de cooperación. De concretarse, “El Mayo” Zambada evitaría una sentencia a muerte, pero a cambio debería colaborar con información clave sobre el funcionamiento del cártel, las redes de corrupción en México y el tráfico de drogas a nivel internacional.
El narcotraficante fue detenido en julio de 2024, tras arribar en un avión civil a un aeropuerto de Nuevo México, en compañía de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán. Aunque se presume que su entrega fue pactada, Zambada asegura haber sido secuestrado y ha solicitado su repatriación a México, intento que hasta ahora ha sido rechazado.
Su abogado, Frank Pérez, sostiene que su cliente está dispuesto a declararse culpable si eso le permite evitar la pena máxima. Mientras tanto, el gobierno estadounidense continúa evaluando la pena de muerte como posible castigo.
