Dicen los que saben que en Puebla, abrir la llave y que no salga agua se ha vuelto parte de la rutina.
Lo que debería ser un derecho humano básico –el acceso al agua potable– se ha convertido en una carrera diaria por garrafones, pipas y cubetas.
El problema no es nuevo.
Desde hace años, especialistas han advertido sobre la sobreexplotación de los mantos acuíferos del Valle de Puebla, la falta de inversión en infraestructura hídrica y la pésima gestión del recurso.
Sin embargo, los responsables como Agua de Puebla, han optado por la indiferencia.
La privatización del servicio en 2013, bajo el gobierno de Rafael Moreno Valle, marcó un punto de inflexión.
Y aunque se prometió eficiencia, lo que siguió fue opacidad, tarifas elevadas y abandono de las colonias más vulnerables.
Dicen los que saben que “Agua de Puebla para Todos”, la empresa concesionaria, ha sido señalada por su incapacidad para dar mantenimiento a las redes, su nula transparencia y su falta de sensibilidad social.
No olvidemos que en el 2024, en pleno año electoral, el tema del agua fue utilizado como promesa de campaña, con un discurso donde sobresalía el “rescate hídrico” y “Recuperemos el Agua”.
Mientras tanto, en juntas auxiliares, colonias populares y zonas rurales de Puebla, la crisis se agrava y la pregunta no es si falta agua. La pregunta es por qué sobra desinterés.
¿Habrá alguien que enfrente la corrupción en el manejo del recurso o a revisar la concesión que beneficia a unos pocos y perjudica a cientos de miles?
¿La solución exige voluntad política, planeación de largo plazo y participación ciudadana?
Todo parece indicar que sí, pero dicen los que saben que mientras llega ese momento, los responsables de brindar el vital líquido deberían asumir su responsabilidad. ¿O no?
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