En los próximos días el gobierno del estado estará dando buenas noticias en materia de seguridad desde el punto de vista presupuestal.
Y es que Puebla recibirá más de 390 millones de pesos para seguridad pública en 2025 luego de que ha formalizado el Convenio FASP con el gobierno federal.
El pasado 22 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Coordinación FASP 2025 entre el gobierno de México, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el estado de Puebla.
Este acuerdo establece una asignación federal de $312,618,354.00 pesos, que será complementada con una aportación estatal de $78,154,589.00 pesos, sumando un total de $390,772,943.00 pesos destinados a fortalecer la seguridad pública en la entidad.
Este financiamiento conjunto no es sólo una cifra: representa una oportunidad crucial para redefinir las prioridades de seguridad del estado, consolidar proyectos alineados a los Ejes Estratégicos Nacionales y garantizar una mejor coordinación interinstitucional entre los niveles de gobierno.
Una corresponsabilidad institucional con reglas claras
El convenio detalla las obligaciones precisas del gobierno estatal para acceder y ejercer estos recursos.
Entre los compromisos más relevantes destacan:
La apertura de cuentas bancarias productivas específicas para la administración y fiscalización de los recursos.
El registro presupuestal diferenciado entre aportaciones federales y estatales.
La entrega mensual y trimestral de informes técnicos y financieros al Secretariado.
El cumplimiento estricto de las metas establecidas en el anexo técnico y la obligación de reintegrar recursos no devengados o comprometidos al cierre del ejercicio fiscal.
Además, se establece la vigilancia en el uso de uniformes y vehículos policiales, evitando similitudes con las fuerzas armadas, una medida que busca claridad institucional y respeto a la imagen de cada corporación.
Más allá del papel: retos de implementación
Este convenio impone una alta responsabilidad técnica, operativa y ética sobre las autoridades poblanas. Su éxito dependerá de la capacidad del estado para:
Diseñar e implementar proyectos efectivos y alineados al marco nacional de seguridad.
Garantizar mecanismos de evaluación, transparencia y participación ciudadana.
Mantener un control riguroso de los recursos, evitando desvíos y observaciones por parte de los órganos fiscalizadores.
En este contexto, el papel del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública será determinante para asegurar que los recursos lleguen a donde más se necesitan: prevención, profesionalización policial, tecnología operativa y programas de proximidad.
Ojalá sus titulares y directivos estén a la altura.
Una oportunidad para Puebla
El convenio no sólo impone obligaciones, también abre una ventana estratégica.
Los más de 390 millones de pesos representan una inyección presupuestal significativa para articular acciones de mediano y largo plazo.
La clave estará en que el gobierno de Puebla utilice este financiamiento como palanca de transformación institucional, y no como gasto rutinario.
La seguridad pública no puede depender exclusivamente de la fuerza: requiere planeación, coordinación y voluntad política.
Este convenio es un instrumento para lograrlo.
Dependerá ahora de su correcta implementación si esta oportunidad se traduce en mayor confianza ciudadana, reducción del delito y un modelo de seguridad verdaderamente eficiente para los poblanos.
