Y que las relaciones familiares ejercen mucho peso para que los jueces que, son parientes o protegidos de los magistrados, nunca sean tocados, ni cuando cometen actos que atentan contra la correcta administración de justicia.
Como es el caso de un titular de un juzgado del sur del estado que liberó a un acusado confeso de homicidio, por negligencia o corrupción, para que el final lo acabaran exonerando y responsabilizando a un funcionario menor. Todo por ser hijo de una exmagistrada.
Segundo: que las cabezas del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia realmente tengan la autoridad, el interés y la capacidad de cambiar el deplorable estado en que se encuentra el aparato que cuida la vigencia del Estado de Derecho.
Es un secreto a voces que José Eduardo Hernández Sánchez, el presidente del Consejo de la Judicatura, no se involucra en los problemas del PJ.
Que habría llegado a ese puesto por una recomendación, de la todo poderosa, Patricia Leal, quien fue una figura importante en el morenovallismo, como contralora, y recientemente como asesora en la administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en el gobierno estatal anterior.
Que lo mismo pasa con la magistrada Belinda Aguilar Díaz, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, quien utiliza el cargo como un escaparate de relaciones públicas, ya que acude a ceremonias, conferencias, congresos y muchas actividades representando al PJ de Puebla; pero hacia dentro de este poder público no hace nada para cambiar su realidad.
Tercero: que se eliminen una serie de poderes fácticos en el Poder Judicial poblano, que lo ejercen personajes que, sin tener autoridad, influyen en las sentencias de los jueces y son lo que otorgan, premios y castigos, al personal del PJ, sin tomar en cuenta méritos, conductas éticas y temas de preparación académica.
Es de vox populi que el magistrado César Iván Bermúdez Minutti, desde que era juez, ejercería el control de “una mafia” de togados del PJ, a quienes se les controlaría las sentencias de mayor relevancia.
También se dice que la jueza María Guadalupe Muñoz Pérez, quien es consejera del Consejo de la Judicatura, cambia por “caprichos” al personal de adscripción judicial, sin importar que a muchos funcionarios los mueve a regiones en el estado muy alejados de sus domicilios particulares.
Mientras que, a sus supuestos “protegidos”, les dan los mejores lugares en la capital o la zona metropolitana de Puebla.
O que todos los miércoles, la oficina del magistrado Fredy Erazo Juárez, se llena hasta el tope de trabajadores del PJ, debido a que se corrió la voz de que este personaje puede otorgar o frenar ascensos, o alguna otra mejora laboral.
Todo mundo considera que Fredy Erazo podría ser el próximo presidente del Consejo de la Judicatura por ser parte del grupo político del gobernador Alejandro Armenta Mier.
Nadie sabe cuándo se va a renovar los órganos del Poder Judicial, pero todos observan que Fredy Erazo ya manda como si fuera la máxima autoridad del PJ.
