Un amplio reporte de la empresa de consultoría Integralia advierte los enormes desafíos y peligros de la tragicómica elección del poder Judicial, un proceso irracional y fuera de toda lógica pero que determinará, para desgracia de todos los mexicanos, el presente y futuro de la impartición de justicia en el país:
Por el número de cargos a elegir, la elección de junio de 2025 será la más grande de la historia de México: 881 cargos en disputa a nivel federal y cientos de cargos judiciales locales en 19 entidades. Asimismo, el número de boletas es casi del doble que en la elección federal del año pasado.
Además de las elecciones a cargos judiciales, en Durango y Veracruz habrá elecciones para presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, lo que incrementa la complejidad de la organización y jornada electoral en esos estados.
Este proceso ha presentado muchos desafíos por su apresurada ejecución y estará marcado por recursos insuficientes para organizar la elección con estándares de cobertura y calidad, por la incidencia de la movilización del voto para definir quién gana, por la complejidad de las boletas y por topes de campaña muy bajos que impiden que las campañas sirvan promover el voto informado.
Habrá muchos recursos financieros y en especie que no serán reportados al INE. Los comicios tendrán implicaciones significativas para la impartición de justicia en las siguientes décadas.
Dado que los ganadores serán mayormente quienes sean apoyados por el gobierno y la coalición oficial, la mayoría de las nuevas personas juzgadoras tendrán una disposición natural para actuar con criterios de lealtad política cuando sea requerido y mermar así su autonomía judicial.
Con el paso del tiempo el Poder Judicial federal perderá su papel como contrapeso de los ejecutivos y legislativos (los poderes judiciales locales seguirán sujetos a los poderes políticos, como es el caso de Puebla).
Habrá voto disparejo. Las personas votantes de la Ciudad de México tendrán mayor injerencia en el resultado, pues podrán elegir jueces y magistrados cuyas decisiones tendrán impacto nacional, dado que en la capital se concentran los juzgados y tribunales que resuelven controversias que afectan tanto a personas residentes y no residentes en materias como penal, mercantil o especializada en competencia económica y telecomunicaciones.
Fechas clave
30 de marzo a 28 de mayo: Campañas
1° de junio: Jornada electoral-Difusión de resultados de la SCJN
15 de junio: Difusión de resultados del resto de cargos federales
28 de agosto: Último día para resolver impugnaciones
1° de septiembre: Toma de protesta de personas electas ante el Senado
Lo que no pueden hacer los candidatos
Contratar espacios en radio y TV, internet, pautado en redes sociales o cualquier otro medio de comunicación.
Difundir propaganda con calumnias o acusaciones falsas.
Ofrecer o dar regalos, dinero o beneficios Imprimir propaganda en materiales distintos al papel.
Pagar para hacer o difundir encuestas.
Hacer campaña en el extranjero.
Usar propaganda que los relacione con un partido político.
Contratar espectaculares, bardas o autobuses para promocionarse.
Prorratear gastos entre varias candidaturas
¿Cuánto pueden gastar los candidaturas?
Entre 220 mil pesos para candidaturas a jueces y un millón cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos para candidaturas del ámbito nacional.
Esos recursos sólo pueden provenir de su patrimonio personal 一se le llaman gastos personales一 y los pueden usar para pagar viáticos, traslados y publicidad permitida dentro del ámbito territorial de su candidatura.
Como referencia, en 2024 el tope de campaña para el cargo de diputación federal fue de 2,203,262 pesos.
La complejidad de la geografía electoral
Uno de los mayores retos operativos es que la geografía electoral no coincide con la geografía judicial.
Tres de los seis cargos en disputa no presentan ese problema porque se eligen en una demarcación nacional y uno por circunscripción electoral, pero los cargos de judicaturas y magistraturas se elegirán por circuito distrital.
Para lograrlo, el INE ajustó los 300 distritos electorales federales y creó 60 distritos judiciales electorales.
A diferencia de los distritos electorales federales (utilizados para elegir diputaciones federales), los distritos judiciales se determinaron por el número de materias o especialidades de cada circuito judicial, sin tomar en cuenta el tamaño de la población local.
Además, la adscripción geográfica de una persona juzgadora no determina que sus juicios se resuelvan únicamente en el circuito o distrito judicial por el que será electo, lo que rompe con el principio de representatividad.
La Ciudad de México será, por ejemplo, la única entidad en donde se votarán a personas juzgadoras en materia administrativa especializadas en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, aunque quienes resulten electos atenderán casos de todo el país.
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La intromisión de los partidos políticos y sus mapaches electorales, especialmente Morena, será el factor decisivo en esta farsa de proceso del poder Judicial.
Pero esa es otra historia, en la que por cierto no abunda Integralia.
