Una muestra de como el Poder Judicial poblano puede prolongar un juicio hasta límites exasperantes, es lo que está pasando en el litigio que se sigue contra 8 personas por el presunto delito de invasión de 400 hectáreas de la Exhacienda de San José Zetina, al sur de la capital, pues aunque los acusados se han dividido, se pelearon entre ellos y no han podido aportar una sola prueba a su favor, a lo largo de los dos años recientes han logrado diferir en siete ocasiones –siendo la última el pasado 28 de febrero– la audiencia en que se deben presentar los alegatos de defensa de los indiciados.
Con una serie de argumentos disparatados han alargado el proceso que se debía haber resuelto a finales de 2023.
Tal situación exhibe no una buena defensa de los acusados, sino como los jueces aceptan cualquier nimiedad para que la justicia no sea pronta ni expedita.
Para sustentar lo anterior, es necesario conocer los siguientes sucesos: el 23 de noviembre de 2022, una mujer llamada Félix N, al frente de unas 60 personas, presuntamente invadieron las 400 hectáreas de la Exhacienda de San José Zetina, ubicadas en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, que es hacia donde ahora se está orientando mucho del crecimiento urbano de la capital.
A finales de 2023, el juez Renato Rojas ordenó la restitución de los predios a sus auténticos dueños, situación que nunca ocurrió porque el entonces gobierno municipal que encabezaron –de 2021 a 2024— los panistas Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez, protegieron a los invasores y nunca notificaron la resolución de desalojo contra un conjunto de familias a quienes les vendieron ilegalmente algunas fracciones de las tierras en disputa.
Más allá del cómplice comportamiento de los políticos panistas, el juicio siguió caminando en una ruta en que los invasores van perdiendo el litigio, por una razón de peso: no han podido presentar un solo documento que avale algún proceso de compra, de donación, de herencia, de traspaso o de usucapión, para justificar la ocupación de las 400 hectáreas en cuestión.
Un dato contundente de que los ocho acusados no van ganando el juicio es que, de manera sorprendente desde 2022 y hasta la fecha, han cambiado en 14 ocasiones de abogados defensores.
Esa rotación de litigantes se debe a que, todo abogado que entra a representarlos se acaba desesperando de que no hay pruebas de como defenderlos.
Entonces surge una pregunta básica: ¿si no hay una sola prueba a favor de los presuntos invasores, entonces por qué el juicio ya rebasó los dos años? La respuesta es sencilla: porque los jueces permiten de manera absurda posponer las audiencias por los motivos más insignificantes.
La misma audiencia la han pospuesto los jueces en cuatro ocasiones en 2024 y en lo que va de 2025, en tres momentos se han vuelto a suspender el desahogo de pruebas.
El problema de fondo son los argumentos disparatados que aceptan los jueces. Solo hay que ver estos dos episodios:
En el último día de febrero pasado, luego de que habían pasado tres meses del último intento de celebrar la audiencia del juicio, se presentaron dos nuevos abogados –un hombre y una mujer— como defensores de las 8 personas acusadas del delito de despojo.
Cuando el juez le dio la palabra a la litigante, ella argumentó que en ese preciso momento se estaba empezando a sentir mal de salud y que debía ir urgentemente al médico.
La respuesta del togado fue: que no había ningún problema para que se ausentara y pedía que se quedara el otro abogado y se hiciera cargo de la presentación de pruebas.
A esa petición, la litigante contestó que eso no era posible porque el segundo abogado es quien la iba a llevar al médico. El argumento fue aceptado por el juez y se pospuso otra vez la audiencia.
En noviembre del año pasado, la misma audiencia se suspendió bajo las siguientes circunstancias: los abogados de Félix N. presentaron pruebas a favor de sus defendidos y todos los documentos que interpusieron, fueron rechazados por el juez por no tener un valor probatorio.
Fue entonces que, la señora Félix N empezó a pedir la palabra al juez, luego de que ya había pasado su turno para argumentar su defensa. A regaño el togado finalmente le dio la oportunidad de expresarse y ahí la mujer anunció, a gritos, que despedía a sus abogados por ineficaces.
El juez Aarón Hernández Chino le ofreció que podía utilizar a los abogados de oficio, que prestan sus servicios gratuitos, a lo que Félix N respondió que ella iba a contratar a sus propios representantes jurídicos. Y por ese tipo de argumentos, se acabó posponiendo la audiencia que se desarrollaba.
Antes de dichos episodios, se habían pospuesto otras audiencias por los siguientes motivos: porque faltaba un perito traductor, pese a que no está demostrado que alguno de los actores del juicio no hable castellano.
Porque se argumentó que el juez actuaba con parcialidad.
Porque de última hora se cambió a los abogados de la parte acusada o porque los litigantes se sintieron mal de salud.
Al final queda claro que, en Puebla, hasta por el “el vuelo de una mosca” es motivo para aplazar por meses o años la solución de un juicio.
Se dividen los acusados
Originalmente eran 9 las personas acusadas de haber invadido, en noviembre de 2022, los predios de la Exhacienda de San José Zetina.
A finales del año pasado, uno de los indiciados de nombre Isaac Escalona se retiró del grupo encabezado por Félix N.
El hombre reconoció ante el juez que lo habían engañado con una venta no legal de un predio, razón por la cual inició un proceso de reparación del daño, que consistió en regresar el predio a la parte que reclama ser el legítimo propietario de la Exhacienda de San José Zetina.
De los 8 acusados que quedaban, dos ya se apartaron del grupo y han recurrido a utilizar los abogados de oficio, al argumentar que no creen en los argumentos jurídicos de Félix N y prefieren defenderse por su cuenta.
