Toda mi solidaridad a la compañera y amiga Liz Rodríguez.
En los últimos siete años han ocurrido, por lo menos, tres agresiones graves contra periodistas de la ciudad de Tehuacán –que incluye un homicidio— y en todos los casos ha campeado la impunidad, la indiferencia oficial para encontrar a los responsables. Aunado a que la ausencia de la aplicación de la justicia también se ha manifestado en la falta de esclarecimiento de abominables agresiones contra mujeres. Siempre la estrategia que se utiliza es que pase el tiempo y se olviden los agravios.
En el marco de ese ambiente de impunidad la periodista Elizabeth Rodríguez Lezama, quien es corresponsal de La Jornada de Oriente y es una destacada comunicadora de un importante grupo radiofónico de Tehuacán, ha sufrido una segunda agresión a lo largo del periodo que se hace mención.
Casi a la media noche de este miércoles un par de hombres, aparentemente jóvenes, con objetos metálicos rompieron los cristales de una ventana –que da a la calle— de la vivienda en donde habita Elizabeth Rodríguez, junto con sus padres, su hijo y un hermano.
Al parecer los agresores se habrían percatado que un hombre los alcanzó a ver a los lejos, razón por la cual se retiraron a toda prisa y ya no hicieron nada más en el inmueble en donde perpetraron la agresión.
Sin duda alguna se trata de un posible acto de venganza o intento de intimidación, para frenar el trabajo periodístico de la reportera de La Jornada de Oriente.
En el año 2017, en un teléfono celular que es propiedad de la estación de radio en donde labora Elizabeth Rodríguez le mandaron un mensaje que amenazaba con: “te vamos a quitar a tú hijo”, que en ese entonces era un niño de 10 años.
Luego llegaron otras dos amenazas – al mismo teléfono– de que iban a abusar sexualmente contra ella.
Derivado de ese hecho, intervino el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), que estableció un protocolo de seguridad para la colega.
Al llegar el año 2022, cuando ya gobernaba la 4T, abruptamente le quitaron el sistema de protección.
Rodríguez Lezama reclamó que era incongruente sacarla del mecanismo cuando no se había avanzado nada en esclarecer de dónde habían provenido las amenazas.
La respuesta que ofreció la dependencia federal es que “ya no habían ocurrido incidencias” y por tanto, se consideraba necesario retirar las medidas de protección.
No obstante, le remarcaron que, si volvía a ocurrir otra agresión, con el simple hecho de comunicar lo sucedido vía telefónica a la Segob federal, de manera inmediata regresaría el protocolo de protección. Todo eso fue una vil mentira.
Este jueves la reportera de este diario se comunicó y le dijeron que “su caso ya se cerró”. Si quiere otra vez la cobertura, tiene que cumplir con una serie de procedimientos administrativos.
Eso es lo que siempre ocurre, se impone la burocracia y nunca hay una intervención rápida y oportuna de las autoridades frente a amenazas, agresiones o desapariciones de periodistas o defensores de derechos humanos.
Dos agresiones más
El 24 de julio de 2019, en la colonia Puebla de la ciudad de Tehuacán, la periodista Nidya Hernández se encontraba en su domicilio y escuchó detonaciones de arma de fuego. Salió a buscar donde habían ocurrido y se sorprendió al descubrir que había 5 balazos en la fachada de la casa que habita.
La directora del semanario Domingo 7 denunció y a pesar de que la noticia de la agresión llegó al ámbito nacional, nunca se avanzó en las investigaciones.
El 23 de mayo de 2023 el veterano periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández manejaba su auto de reversa para sacarlo de la cochera de su casa, en el fraccionamiento Agua Blanca 1 de Tehuacán, cuando un grupo de sujetos se acercó y le dispararon en la cabeza, lo cual provocó ahí mismo la muerte del comunicador, que brevemente había sido funcionario público del ayuntamiento del alcalde fallido Felipe Patjane.
Hasta la fecha, hay dos detenidos por el homicidio y se sabe que la Policía Ministerial tendría identificado a un tercer supuesto sicario.
Es la fecha que nadie sabe cuál es el supuesto móvil para asesinar a Marco Aurelio Ramírez y hasta que punto, son sólidas las pruebas contra los detenidos. Dicho de otra manera, no se sabe si son solo “chivos expiatorios”.
La familia del comunicador se ha quejado que la Fiscalía General del Estado (FGE) nunca quiso investigar si la actividad informativa del colega fue el motivo del crimen. Algo clásico de las autoridades ministeriales, argumentar que todos los periodistas los matan por “asuntos pasionales”.
Es de método –de las fiscalías de todo el país– no meterse a indagar la actividad periodística como detonante de hechos de violencia contra periodistas, para evitar que se toquen intereses de la clase política o de figuras con poder económico, o de los líderes del crimen organizado, que pudieran estar involucrados.
