Zócalo Saltillo

Florence Cassez tuvo su primer revés en la demanda que interpuso contra Felipe Calderón por daño moral: un juez federal le rechazó admitir a trámite dicha querella.

En su demanda, dirigida también a exfuncionarios federales, Grupo Televisa y dos reporteros, la ciudadana francesa reclama el pago de 36 millones de dólares por daño moral, tras permanecer siete años presa en México, acusada de pertenecer a una banda de secuestradores.

De acuerdo con el diario Reforma, el juez segundo de distrito en materia civil, Juan Manuel Vega Tapia, se ha declarado incompetente para conocer del caso, que se presentó el 23 de enero por la defensa de Cassez.

Vega externó dos razones distintas para declararse incompetente.

En cuanto a los exfuncionarios, el juez consideró que la vía civil no es la procedente para este tipo de reclamo, sino que las conductas que imputa Cassez deben ser revisadas bajo la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

En lo que toca a Televisa y los reporteros Carlos Loret de Mola y Pablo Reinah, quienes difundieron el montaje de la Policía Federal para simular la captura de Cassez en diciembre de 2005, Vega determinó que el caso debe ser revisado por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia del DF, porque no es un asunto federal.

Con dicha determinación, a los abogados de Cassez les queda aceptar el fallo —que aún no ha sido notificado oficialmente—, e iniciar los nuevos trámites, o apelar ante un tribunal unitario de circuito.

Ya que la responsabilidad patrimonial del Estado implica un complejo procedimiento administrativo, Cassez tendría que reclamar indemnización a cada una de las dependencias involucradas en las irregularidades de su detención, por lo que el litigio completo podría tomar años, ya que los fallos del TFJFA son revisados por el Poder Judicial Federal.

El reclamo de Cassez está basado en la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó su liberación en enero de 2013, no por considerarla inocente, sino porque el montaje televisivo sobre su captura tuvo un “efecto corruptor” que vició todo el proceso penal en su contra.