La Secretaría de Administración acaba de asignar dos contratos que son auténticos monumentos a la corrupción, el tráfico de influencias y la irresponsabilidad, no solo porque son licitaciones amañadas y dirigidas a un proveedor sin experiencia, sino porque los artículos adquiridos por el Gobierno del estado ponen en riesgo la vida de los policías.
Se trata de las licitaciones GESAL-147-541/2024, para adquisición de uniformes, y GESAL-148-605/2024, para adquisición de chalecos antibalas y equipo antimotines. Ambos casualmente los ganó la misma empresa, AMIN BUSINESS SA de CV, en un mismo día —7 de agosto del año en curso—, por un monto global que supera los 95 millones de pesos.
Llaman la atención varias cuestiones que a los responsables de la Secretaría de Administración y del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a los funcionarios de la Unidad de Adquisiciones y Adjudicaciones de Bienes y Servicios y Obra Pública, les pasaron de noche.
La empresa ganadora de ambos contratos —uno por 51 millones 266 mil pesos y otro por 44 millones 306 mil pesos— tiene como principal objeto social actividades relacionadas con la construcción, fabricación, transformación, compraventa, comercialización, distribución, importación, exportación y el aprovechamiento de cemento, concreto, concreto presforzado, preconcretos, tubos, arcilla, caliza, yeso, cascajo, arena, grava, mineral de hierro y toda clase de materiales; así como la fabricación, distribución, comercialización y venta de productos alimenticios, alimentos procesados, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, leche, carne, huevo, productos lácteos y sus derivados.
AMIN BUSINESS, que se constituyó apenas en marzo de este año, sí incluye en su objeto social aspectos como la fabricación, distribución y comercialización de uniformes, torretas, sirenas, bocinas y toda clase de equipo para áreas de seguridad pública, pero no tiene experiencia ni un currículum que acredite su solvencia técnica y económica en este tipo de contratos.
Su capital social es de 100 mil pesos, pero las licitaciones con que fue favorecida por la Secretaría de Administración suman, como ya se lo informé líneas arriba, la friolera cantidad de 95 millones 573 mil pesos. Nada mal para una sociedad de madre e hija que obtuvo sus primeros contratos millonarios a los cinco meses de su constitución.
Para ambas licitaciones, que se pagarán con recursos públicos estatales, AMIN BUSINESS no presentó declaraciones anuales y justificó su experiencia y solvencia económica con tres facturas. Una de 30 mil pesos por la venta de un chaleco balístico y otra por 70 mil pesos por el suministro de uniformes.
Otra grave, gravísima irregularidad, es que en el procedimiento de licitación de 2 mil 451 chalecos antibalas en color negro y azul no se hicieron las pruebas de tiro.
Las pruebas no se hicieron completas, con las muestras que debió entregar el proveedor antes de que el fallo se adjudicara, sino después, es decir fuera del procedimiento, lo cual debía preocupar a los propios policías que usarán estos chalecos —dizque para protegerse— y a la empresa aseguradora favorecida con las pólizas de estos servidores públicos con uniforme.
Los fallos de ambas licitaciones están firmados por Alberto Medina Zamudio y Lorena Ramírez Morales, titular de la Unidad de Adquisiciones y Adjudicaciones de Bienes y Servicios y Obra Pública, y subdirectora de Licitaciones y Concursos de la Secretaría de Administración del estado.
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