La cuarta transformación (4T) y la derecha derrotada están inmersos en un juego donde las reglas se debaten tanto como los resultados. Mientras la 4T busca una representación justa, la derecha se obsesiona con la “sobrerrepresentación”. Pero ¿qué hay detrás de este enredo legislativo?
Para entender el trasfondo, debemos considerar las reglas del juego. En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) menciona explícitamente a los partidos políticos, no a las coaliciones, como sujetos del límite del 8% de sobrerrepresentación.
Los precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han dejado claro que este límite opera únicamente para los partidos, no para las coaliciones. Así que, cuando los voceros de la derecha claman por un cambio, están pidiendo que se cambien las reglas a mitad del juego.
En tiempos pasados, la Sala Superior del TEPJF aplicó el límite de sobrerrepresentación a las coaliciones federales e incluso a nivel local, como lo dictaba el artículo 59A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Pero ese artículo fue eliminado en 2008 y, desde entonces, la jurisprudencia ha sido consistente en aplicar el límite solo a los partidos políticos, no a las coaliciones.
La jurisprudencia actual ha complementado este criterio permitiendo que los partidos registren candidatos de otros partidos bajo un convenio de coalición, siempre que se respete la autonomía política de cada partido.
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo es constitucional, incluso hasta un 16% a nivel estatal, como en Quintana Roo y Veracruz.
Este criterio flexible busca mantener un equilibrio que no se contraponga a los principios de representación proporcional y pluralismo político.
Ahora bien, la realidad es que el sistema electoral actual fue diseñado y perfeccionado para equilibrar la representación política. Aunque se podría argumentar que incluir a las coaliciones en el límite de sobrerrepresentación optimizaría la representación, los criterios jurisdiccionales más recientes indican que solo los partidos políticos están sujetos a este límite.
Cambiar esta interpretación una vez que ya se han generado los resultados electorales podría violar el principio de certeza, pues es lo que la doctrina ha denominado como revisión judicial abusiva.
En este contexto, el 11 de agosto, el Frente Cívico Nacional y la “marea rosa” se manifestarán ante el INE, clamando contra la sobrerrepresentación. Cambiarán su “El INE no se toca!” por “¡Arbitro vendido!”, sabiendo que las reglas actuales del INE son las mismas que defendieron anteriormente.
Como en un partido de fútbol, las reglas son claras: 3 puntos por ganar, 1 por empatar, ninguno por perder. ¿Qué pasaría si después de ganar, te dijeran “vemos que ya has ganados muchos partidos, así que nomás te daremos un punto esta vez”? Así de absurda es la demanda de la derecha y sus comentócratas.
La realidad es que el presidente AMLO presentó los planes A, B y C para reformar el sistema, pero fueron bloqueados por el PRIAN. Las reglas vigentes son las mismas que antes defendieron, y la oposición, al intentar un “golpe de Estado técnico”, solo generaría inestabilidad y falta de legitimidad.
En conclusión, el juego de la representación en la política mexicana es claro, y las reglas son inviolables. La 4T defiende la representatividad justa, mientras que la derecha, sabiéndose derrotada agita las aguas, buscando cambiar las reglas del juego a su favor.
En lugar de intentar alterar el tablero, sería más prudente aceptar la derrota y preparar una mejor estrategia como digna oposición.
