Luego de que hace unos días se designaron a 29 nuevos jueces, ahora el Consejo de la Judicatura del estado de Puebla ha emitido un acuerdo para seleccionar a un buen número de funcionarios del Poder Judicial (PJ) estableciendo requisitos muy estrictos que se exigen a los aspirantes, tales como ser titulados en Derecho, tener ya algunos años ejerciendo la profesión, no sufrir de alguna sanción legal en su contra y sobre todo, gozar de buena fama. Todo esto está muy bien, fuera de un pequeño gran detalle: a cambio de todos esos méritos les ofrecen un trabajo con precariedad laboral.
Algunos de los salarios iniciales que cobrarán los nuevos funcionarios judiciales son de apenas 7 mil pesos al mes y sin goce de seguridad social.
Es decir, sin descontar los impuestos, estarán recibiendo unos 233 pesos diarios, que es equivalente o inferior a lo que se gana en puestos de trabajo en donde no se necesita tener estudios profesionales, no gozar de una buena fama y no estar sometidos a la presión de estar constantemente actualizados en conocimientos jurídicos.
Tal situación exhibe por enésima vez la indolencia, la insensibilidad y el alto nivel de tolerancia a la corrupción que priva entre los magistrados que encabezan el Poder Judicial de Puebla.
En la primera mitad de 2023 brotó, de manera inédita, una rebelión en el Poder Judicial en contra de los infames salarios que ahí se perciben, pues en ese entonces había personal que obtenía ingresos de apenas 4 mil pesos al mes.
El conflicto rebasó a las autoridades judiciales ya que, para apagar la insubordinación que provocó varios paros laborales en Ciudad Judicial, se ofreció a los burócratas de este poder público que en julio de 2023 recibirían un bono de compensación salarial. Y cuando ese beneficio les llegó a los interesados, resulta que sus quincenas eran menores que las anteriores, por el descuento de los impuestos.
Para septiembre otra vez había un fuerte conflicto, en el que la única respuesta que les dieron a los inconformes es que no había capacidad para atender las demandas de mejoras salariales.
De alguna manera este problema provocó la renuncia, o mejor dicho la abrupta caída, de Carlos Palafox Galeana, quien se había estrenado como el primer presidente del Consejo de la Judicatura, luego de que el Congreso local había aprobado una reforma al Poder Judicial, que provocó importantes cambios, para que al final todo quedara igual.
Uno de los escándalos mayúsculos –que avivó el conflicto– es que Carlos Palafox llegó al cargo con una veintena de nuevos colaboradores, muchos de ellos, con sueldos de más de 50 mil pesos al mes y sin tener los requisitos tan estrictos que se les exigen a algunos funcionarios judiciales, cuyos ingresos económicos son menores a los 5 mil pesos a la quincena.
¿Qué provoca que se tengan esos vergonzosos salarios en el PJ?
La respuesta es muy clara: provoca que la justicia en Puebla solo funciona para los ricos y los poderosos.
Para que una denuncia de un delito cobre efecto, se investigue, se judicialice y haya una sentencia favorable, hay que cubrir una larga, muy larga, lista de pagos ilegales, para que las cosas avancen.
En el caso del PJ todo se vende. Muchos trabajadores de los juzgados todos los días encuentran en la realización de trámites, desde los más pequeños, hasta los más relevantes, la oportunidad de pedir dinero, “cooperaciones”, “propinas”, “aguinaldos”, ayuda para “los refrescos”, a los litigantes y de esa manera mejorar sus ingresos económicos.
Con esas “dadivas” no solamente logran mejorar su gasto familiar, sino también cumplir con la estricta norma de que deben vestir “decorosamente” en sus horarios laborales, como si ganaran sueldos pagados en Suiza.
Mientras se sigan pagando malos salarios, persistirá las prácticas de corrupción que se hacen en “lo oscurito”, o mediante los billetes que se dejen en medio de los legajos, “los regalos” a quienes laboran en el Poder Judicial.
Y los jueces y magistrados seguirán fingiendo que eso no ocurre.
Lo que lleva a un círculo vicioso que aleja a la justicia del grueso de la población.
La buena fama por delante
El pleno del Consejo de la Judicatura de Puebla emitió el acuerdo –que se puede consultar en la página www.pjpuebla.gob.mx– en el que se establecieron los requisitos de elegibilidad para quienes aspiran a ser secretarios de acuerdos, secretarios de estudio y cuenta, proyectistas, jefes de causa y seguimiento, oficiales mayores, encargados de atención al público, diligenciaros, auxiliares, escribientes, encargados de sala y comisarios.
Para los abogados que quieran ser secretarios de acuerdos, de estudio y cuenta o proyectistas, así como jefes de causa y seguimiento, deben tener un mínimo de 25 años, estar titulados en la carrera de Derecho y contar con una antigüedad de 3 años de estar ejerciendo la profesión.
Y en la última parte de los requisitos se establece una estricta condicionante:
“No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito doloso que merezca pena privativa de la libertad mayor a un año, pero si se tratare de cualquier otro delito que lastime seriamente su buena fama en el concepto público, quedará impedido para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”.
Los que quieran ser diligenciaros, actuarios y notificadores, lo único que cambia es que se les pide tener un mínimo de 23 años y llevar un año de experiencia como profesionales del Derecho.
Mientras que aquellos interesados en ocupar los puestos de oficial mayor, encargado de atención al público, auxiliar, escribiente y encargado de sala, se les pide una edad de 23 años y ser abogados, a una cerrera afín, con el titulo expedido.
