Por lo menos cuatro alcaldes están terminando su gestión en forma desastrosa, trágica, “con las manos manchadas de sangre”. De ellos, el caso más destacado es el de Irene Olea Torres, la edil de Izúcar de Matamoros, que llega al ocaso de su gestión derrotada electoralmente; repudiada por las bases de Morena, su partido político; con muchos cuestionamientos en la obra pública y el manejo presupuestal; y con una grave acusación penal de tortura cometida en agravio de dos reporteras y por si fuera poco, su imagen se ve severamente empañada, bajo sospecha, por el repentino asesinato de una mujer que iba a presentarse como la principal testigo protegida en su contra, dentro del juicio por el tormento y abuso sexual que se cometió contra las periodistas.
Si no hay un cambio de última hora, tal como ya ocurrió en otras dos ocasiones, este lunes se realizará la audiencia judicial –que ya es la segunda del caso—en donde la Fiscalía General de la República (FGR) presentará cargos por los delitos de tortura, abuso sexual y privación ilegal de la libertad en contra de las periodista Natalie y Michelle Hoyos López, que se cometieron en los separos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros.
Todo hace suponer, que la principal imputada podría ser Irene Olea Torres, y en caso de que no ocurra así, el proceso recaería contra los principales funcionarios del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, que ya están vinculados a proceso por intentar ocultar los actos de tortura contra las comunicadoras del periódico Enlace de la Mixteca.
El caso ha dado un giro de 180 grados por el asesinato a tiros –la tarde del jueves pasado—de María del Socorro Barrera Sánchez quien, habría declarado ante la FGR, que la orden directa de detener ilegalmente y torturar a las comunicadoras fue dada por la edil Irene Olea Torres o por miembros de su círculo cercano.
Socorro Barrera era funcionaria de la Unidad de Atención a Victimas de Delitos en Izúcar de Matamoros, en la fecha en que se agredió a las periodistas. Por eso su testimonio es de mucho peso.
Esa fue la razón por la cual se convirtió en la principal en testigo protegida de la FGR, que al final no hubo ninguna “protección” de la Fiscalía General de la República, lo cual permitió que la eliminaran, dentro de un negocio de lavado de autos.
Dadas las circunstancias nadie puede creer que el homicidio de la testigo –cometido por dos sicarios que con precisión llegaron directamente a matarla— es ajeno a una acción premeditada para desaparecer a Socorro Barrera, cuatro días de la audiencia judicial en que se presentan las conclusiones de una extensa y profunda investigación, que abarca más de mil fojas, en la cual la FGR demuestra la tortura contra Natalie y Michelle Hoyos López, y que se trató de un abuso institucional.
Barrera Sánchez había comentado a sus conocidos que le había tocado presenciar muchos abusos cometidos por la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros y que, el asunto de la agresión contra las periodistas había sido “el vaso que derramo el vaso”.
Por eso no se prestó a la conspiración interna del ayuntamiento que hubo para intentar desaparecer los rastros de la privación ilegal de las dos jóvenes, que son parte de la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana.
Luego de dos actos de intimidación, que incluyó que fuera encerrada por uniformados de la policía matamorense, María del Socorro Barrera fue despedida del ayuntamiento de ese municipio, al negarse a retirar su testimonio que rindió ante la FGR.
Ante esos antecedentes, resulta casi imposible creer la versión de la edil de que ella no sabía de la condición de “testigo protegida” de quien fue funcionaria de su ayuntamiento y la echaron por negarse a ser cómplice del abuso cometido en contra de Natalie y Michelle Hoyos López.
No se sabe quiénes son los autores materiales e intelectuales del asesinato de María del Socorro Barrera Sánchez, pero ante la opinión pública seguramente dominará el sentir –con sobrada razón— de que fue “un asesinato político” para evitar que esta mujer llegara a la audiencia judicial de este lunes.
Que la mataron para que no declarara contra los altos funcionarios del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros.
De manea simbólica, esa muerte “mancha de sangre las manos” de la edil Irene Olea, en sus últimas semanas en el poder.
El gobierno –de la morenista– acaba en un total desastre. Algo muy perecido con los siguientes casos:
El de Álvaro Tapia Castillo, edil de Acteopan, que estaría prófugo luego de ser presunto responsable de atropellar y matar a su esposa María Elianet Sandoval Castillo.
O de Emiliano Vázquez Bonilla, alcalde de Zapotitlán de Méndez, que está “a salto de mata” para no ser detenido como probable autor material del asesinato de un militante del Partido del Trabajo, un día antes de los comicios del pasado 2 de junio.
Y el caso más emblemático, el de Rodolfo García López, que tres años se aferró al cargo de edil de Coyomepan sin importarle la estela de muerte e inestabilidad que dejó en su municipio, por el prolongado conflicto que se generó al haber ganado los comicios de 2021 bajo la sospecha de un fraude electoral y de pertenecer a la familia Celestino, que ejerce un férreo cacicazgo en la región.
Dicen que se quiere ir
Irene Olea Torres se encuentra acorralada por todos los conflictos que acumuló a lo largo de sus 3 años de gestión, que incluye haberle dado la espalda a las corrientes políticas que la llevaron al poder.
En su trienio se apartó de Morena y se alió con grupos locales del PRI, ejerciendo un gobierno despótico principalmente contra militantes y simpatizantes de la 4T.
A lo largo de las recientes campañas electorales dominó la frase: “En Izúcar solo Claudia y Armenta son los que cuentan”.
Una consigna que se colocó en redes sociales, en mantas, en folletos, en que se llamaba al voto diferenciado. A sufragar por los candidatos de la 4T, a excepción de Irene Olea.
Y así ocurrió: ganaron todos los candidatos de la 4T. De hecho, arrasaron y borraron a la oposición. Solo Irene Olea fue la que acabó derrotada por su detractor Eliseo “El Chino” Morales Rosales, postulado por el PVEM.
El llamado “Chino Morales” sacó más de 14 mil sufragios y se convirtió en el candidato más votado del municipio. Superó por más de 15 puntos a Irene Olea, que buscó la reelección bajo las siglas de Morena.
Ese fue el termómetro que midió el alto nivel de rechazo de la población hacia la edil morenista que, de todos los candidatos importantes de la 4T en el estado, su derrota fue la más sonada.
Por eso su gestión termina en desastre. Con un alto nivel de impopularidad. Con el rechazo político de las bases de la 4T. Con problemas administrativos que han denunciado los regidores de su propio partido: de Morena. Y con graves problemas en los tribunales.
Eso ha revivido la versión de que la alcaldesa estaría buscando, explorando, la manera de dejar el cargo antes de que termine su periodo –en poco más de tres meses— como una manera de intentar evadir las responsabilidades que están recayendo en su contra.
Esa estrategia la intentó a principios de año. Se sabe que alguien le vendió la idea de que por ser de la 4T nadie la iba a “tocar” por el caso de las periodistas torturadas y por eso, se desistió de dejar el ayuntamiento antes de tiempo.
