De manera paulatina, en los últimos días, el Consejo de la Judicatura obligó a 10 jueces de Puebla a jubilarse bajo el argumento de que sus edades oscilan los 70 años. Una decisión que es a todas luces ilegal, arbitraria y abusiva, pues se viola el precepto legal de que el retiro solo se puede generar si lo solicita el trabajador, lo que no ocurrió en estos casos. Ante tal atropello varios de los togados afectados han decidido solicitar amparos para litigar contra el Poder Judicial y exigir su reinstalación.
El retiro de los 10 jueces ha causado una fuerte ola de malestar en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por dos razones completamente fundadas:
Primera: hay miembros del Poder Judicial que tienen más de siete décadas de edad y no los tocaron.
Tal es el caso de Amadeo Fuentes Añorve, que tiene 73 años, pero como es integrante del Consejo de la Judicatura nadie se metió con él.
Lo cual demuestra que había una intención de deshacerse de una decena de jueces “incomodos” para el Poder Judicial y como no tenían manera de expulsarlos, se recurrió al falso argumento de que se está generando un cambio generacional entre los responsables de la impartición de justicia.
Segunda: se dice que, antes de que se empezaran a generar las jubilaciones “voluntariamente a la fuerza”, ya se sabía quienes van a ser los nuevos titulares de los juzgados que se han quedado acéfalos.
Esa condición genera la sospecha, la especulación, de que en realidad dicho asunto es una trama de “tráfico de influencias” para nombrar nuevos jueces, que habrían sido seleccionados por criterios políticos y tal vez económicos.
Sobre todo, porque entre los jueces que se van hay de todo, algunos tienen fama de corruptos, pero otros togados cuentan con experiencia de más de 30 años y son considerados como el personal más excelso de Poder Judicial.
En cambio, los que llegan a ocupar las vacantes en los juzgados, se destacan por su poca o nula experiencia en el ejercicio de repartir justicia en litigios penales, civiles, mercantiles y familiares.
Por ejemplo: hay la versión de que una de las posibles nuevas juezas llega a esa posición por la supuesta relación extramarital que tendría con un alto funcionario del gobierno del estado, involucrado en temas de persecución de bandas criminales.
También se dice que sería designado como juez un famoso litigante cuya especialidad es sacar de la cárcel, en un periodo de 15 días, a clientes acusados de delitos sexuales. Siembre bajo el arrogante argumento de que tiene “buenas relaciones” con destacados miembros del TSJ.
Otro rumor es que en breve podría arribar a un cargo en el Consejo de la Judicatura el abogado Guillermo Morales Rodríguez, quien es hijo del político expriista Jesús Morales Flores, hermano del exgobernador Melquiades Morales Flores.
Tal vez Morales Rodríguez aparte de ser joven sea un buen abogado, pero será difícil de creer que llega a un cargo privilegiado del Poder Judicial por un criterio que no sea otorgarle un favor a la poderosa familia Morales Flores.
Por esa razón el retiro de los jueces ha generado un desconcierto y enojo en el Poder Judicial que se extiende más allá de los afectados por las jubilaciones arbitrarias.
La juez del caso Cacho/Marín, la primera en ampararse
La ley dice que los trabajadores de los poderes públicos de Puebla, que estén activos en sus funciones laborales, solo pueden jubilarse si los interesados son quienes lo solicitan voluntaria y directamente al ISSSTEP. No hay otra manera.
En este caso, el Consejo de la Judicatura dio la orden de retiro de los jueces mediante la notificación por medio de oficios, donde se dice que por la edad ya están obligados a retirarse y les dieron órdenes de entregar los juzgados.
Rosa Celia Pérez González fue la primera en recibir el oficio en cuestión, donde le comunicaban que estaba en proceso su jubilación, mismo que ella no había solicitado.
La juez Pérez González ha recurrido a solicitar un amparo para intentar frenar esa “jubilación voluntaria”. Es una mujer con fama de ser dura y experta en litigios complicados. Eso ha puesto nervioso a más de uno en el Consejo de la Judicatura.
Pérez González fue la juez que estuvo en el epicentro del escándalo de la detención arbitraria e ilegal de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, ocurrida en diciembre de 2005, y que actualmente tiene en la cárcel al exgobernador Mario Marín Torres, acusado del delito de tortura. La togada fue quien giró la polémica orden de aprehensión contra la comunicadora.
Los otros jueces jubilados a la fuerza son: Julio Vargas Domínguez, Alicia Hernández Rojas, Alba María Romano Caballero, Enrique Zepeda Camacho, Rodolfo Arana Santisteban, Heliodoro Juárez Hernández, María Teresa Josefina Osorio Cuéllar, Armando Pérez Acevedo y Carlos Ramírez Nava.
Una despedida amarga
Existe un video, en poder de este teclaedor, en donde se ve a una treintena de trabajadores afuera de un juzgado ubicado en Ciudad Judicial, que con rostros lúgubres rodean y escuchan al togado Carlos Ramírez Nava, en el momento en que explica su salida del TSJ y se despide de su personal.
Él es otro de los juzgadores que se han amparado y estaría dispuesto a litigar contra el Poder Judicial.
Ramírez Nava expresa en el video: “…la vida es un ciclo, llegó el momento de partir; dar oportunidad a la gente nueva para impartir justicia, como yo lo he hecho por 38 años… sin embargo, se tiene que hacer mucho para que se reconozcan nuestros derechos”.
“Me voy, porque me tengo que ir”, remata diciendo Ramírez Nava, mostrando su enojo por la manera en que lo obligaron al retiro.
