Con la vinculación a proceso que un juez federal dictaminó –el sábado por la tarde— contra 11 servidores públicos del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros se cierra el cerco en contra de la alcaldesa de este municipio, Irene Olea Torres, pues se ha quedado sin margen de maniobra para evitar que ella pudiera ser procesada por el presunto delito de tortura en contra de las periodistas Natali y Michelle Hoyos López. Un hecho inédito en torno a la conducta de los presidentes municipales de Puebla.
Esta semana será decisiva, ya que se debe de fijarse la fecha de la segunda audiencia judicial de este caso –luego de que se agotó la primera audiencia entre el lunes y el sábado de la semana pasada–, en donde debe comparecer la alcaldesa.
Si tal acto jurídico se produce antes del 2 de junio, se abriría la posibilidad de que se le pudiera quitar la candidatura para reelegirse como presidenta municipal, si se llegara dar el escenario de ser vinculada a proceso, tal como ya pasó con los otros 11 imputados en dicho caso.
Y es que no le han funcionado las tres estrategias que las alcaldesa utilizó para buscar deslindarse de este caso. Esos intentos fueron los siguientes:
Primero: argumentar que fueron mentiras la detención ilegal de las periodistas Michelle y Natali Hoyos –la noche del 10 de marzo de 2023–, que fueron incomunicadas cinco horas, que las torturaron –con golpes debajo de sus pechos— y presuntamente las agredieron sexualmente dentro de los separos policiacos del gobierno de Izúcar de Matamoros.
En la audiencia del sábado, los 11 imputados presentaron como pruebas a un grupo de supuestos testigos para desmentir el relato de las agraviadas. Era “el as que tenía bajo la manga” la edil.
Y de manera sorpresiva, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó 30 pruebas contra los servidores públicos señalados y se les acusó de abuso de autoridad, además de falsear documentos oficiales del ayuntamiento.
Trascendió que el juez desestimó las pruebas del ayuntamiento matamorense ante lo apabullante de la argumentación de la FGR.
Fue un golpe tan duro para los imputados, que fue notorio el decaimiento de su ánimo. En particular los 5 funcionarios que comparecieron –el sábado– se quejaron ante el juez que las mujeres asistentes a la audiencia “los agredían”, al hacer expresiones verbales. Además, que hay un “linchamiento” mediático en su contra. Nada de eso les sirvió.
Segundo: Irene Olea ha querido deslindare de este asunto bajo el argumento, nada creíble, de que ella nunca estuvo enterada de los acontecido con las periodistas Hoyos López, quienes laboran para la empresa familiar Enlace de la Mixteca, que es uno de los principales periódicos de la región.
A la semana siguiente de que, en marzo de 2023, La Jornada de Oriente se dio a conocer las vejaciones sufridas por las comunicadoras, junto con un grupo de activistas del colectivo feminista Marea Purpura, la edil se quiso mostrar compasiva diciendo que se iba a investigar si había ocurrido un abuso.
Es evidente que si estaba enterada, ya que el sábado quedaron vinculados a proceso el síndico municipal, el secretario de Seguridad Pública y el juez calificador, junto con otros dos funcionarios de primer nivel del gobierno de matamorense.
Lo que significa que los funcionarios más importantes del ayuntamiento, desde el punto de vista de la seguridad pública y el manejo de la legalidad, están involucrados y éstos, no pueden actuar al margen de las órdenes de la presidenta municipal.
No es un tema que únicamente competa a algunos malos agentes de la Policía Municipal, que se hayan excedido de sus responsabilidades.
Tercero: siempre se respondió de parte del gobierno de Izúcar de Matamoros que se actuó conforme a las normas que rigen a los ayuntamientos y que, si se cometió algún abuso, se tendría que resolver en el ámbito del fuero común de la justicia y no del ámbito federal.
El sábado una prueba demoledora que se presentó contra el gobierno de Izúcar de Matamoros es que el juez calificador, Jesús C., no tiene ni cédula ni titulo profesional. Es decir, no reúne los requisitos legales para estar en ese cargo.
Y se trata del funcionario que calificó como “legal” la detención de Natalie y Michelle Hoyos. Por si fuera poco, argumentó que la privación de la libertad había sido en respuesta a que las periodistas habían “ensuciado la ciudad” y les impuso una multa, como condición para dejarlas ir.
Un hecho grave, cuando al final nunca hubo la acreditación de algún ilícito que hubieran cometido las activistas feministas y las periodistas que, la noche del 10 de marzo de 2023, fueron rodeadas, intimidadas, agredidas por 18 policías municipales, como si se tratara de integrantes del crimen organizado.
El peor fracaso de las estrategias de la alcaldesa es que el juicio se resolverá en la instancia federal y no del fuero común, en donde ella buscaba que se le diera “carpetazo” a este asunto.
Al final, el caso les ha estallado a Irene Olea en plena campaña electoral en donde busca reelegirse y eso daña su imagen pública.
Una encuesta difundida la semana pasada la ubica, faltando poco para que termine la etapa de proselitismo, con 18 por ciento de intención del voto. Lo que hace suponer que el electorado le va a negar la oportunidad de repetir en el cargo. Le van a pasar “las facturas” por su errático proceder.
Es la primera vez que se inicia un juicio por una agresión contra periodistas por parte del poder político.
En medio de algunas casualidades interesantes:
El juicio se da por una agresión a dos destacadas y jóvenes comunicadoras.
La vinculación a proceso de 11 servidores públicos se dio un día antes del “Día del Comunicador”.
Y la alcaldesa antes de ocupar cargos públicos era comunicadora.
