El proceso penal en torno a los abusos sufridos por las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, así como un grupo de activistas feministas de Izúcar de Matamoros, ha dado un salto cualitativo en la presente semana no solamente porque ya se logró la comparecencia de 11 de los 12 imputados, sino porque el próximo sábado se van a presentar los cargos de tortura y posiblemente de abuso sexual. Todos los acusados son miembros del ayuntamiento de dicho municipio.
La relevancia del caso consiste en que, es la primera vez que en Puebla se va a juzgar a servidores públicos por dichos ilícitos cometidos contra miembros de la prensa.
O dicho de otra manera: “se abre la ventana”, la posibilidad, de que por fin un caso de agresión de servidores públicos contra periodistas no quede impune.
En Puebla siempre se ha usado al aparato judicial al revés, para amedrentar, perseguir, silenciar, a miembros de la prensa local.
Luego de varios intentos del poder político estatal para frenar el juicio que implica principalmente a la edil de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, el lunes comenzó el proceso en el Centro Justicia Federal de Puebla, con una audiencia que se acabará de desahogar hasta el sábado entrante, día en que se van a presentar la segunda parte de los 7 cargos que la Fiscalía General de la República (FGR) ha tipificado contra los acusados.
La audiencia del sábado ya no se puede frenar –tal vez si alargar— y existe una posibilidad de que ese mismo día, el juez de la causa, en caso de tener los elementos jurídicos suficientes pudiera librar las primeras órdenes de aprehensión.
El caso ha dado un vuelco de 180 grados, ya que la semana pasada todavía los abogados de la edil Irene Olea y la supuesta intervención de “voces influyentes” del poder político de Puebla, lograron frenar una de las dos audiencias programadas para el arranque del juicio.
Se sabe que la estrategia de la edil era que prosperara un recurso legal por el cual pedía que el juicio salga de la esfera federal y se trasladara al fuero común para que, en un juzgado de Izúcar de Matamoros, se turnara el expediente.
Era evidente que la presidenta municipal quería que “el balón del juego estuviera en su cancha y ella controlara al árbitro”, es decir al juez que llevara el proceso legal. Esa posibilidad ya fue anulada.
Se sabe que dos factores han influido para que no prosperara el recurso de la edil:
Primero: que hay mucho interés de la FGR de que el caso se desahogue en el ámbito de su competencia por el tiempo –de un año— que implicó elaborar la acusación contra los 12 servidores públicos imputados y porque la dependencia, está urgida, de demostrar que no hay impunidad en los casos de agresiones contra periodistas.
Segundo: la protesta que realizaron la semana pasada un nutrido grupo de mujeres de Izúcar de Matamoros por el aplazamiento –por cuarta vez— de una de las dos audiencias de arranque del juicio, tocó fibras sensibles del Poder Judicial federal que está “bajo la lupa” de la opinión pública por las controversias que tiene con la Presidencia de la República.
En la audiencia del lunes de esta semana comparecieron el síndico municipal, Omar Flores Vázquez; el director de Seguridad Pública, Marco Antonio Enríquez Ramírez; el juez calificador Jesús Venancio Castro; así como 9 policías municipales de Izúcar de Matamoros.
Les leyeron los cargos de presunta falsificación de documentos oficiales y de detención ilegal de las periodistas y activistas del colectivo Marea Púrpura.
Todos entraron a la audiencia con cubrebocas, más con un afán de ocultar su rostro, que protegerse de un posible contagio de Covid-19.
Se les vio cabizbajos, sin la arrogancia que exhibían hace meses diciendo que el caso “era un escándalo menor”.
Ese comportamiento refleja la preocupación de la edil Irene Olea Torres de que este caso pueda trastocar su carrera política.
Ella todavía tiene pendiente pisar el juzgado donde se lleva acabo el proceso.
