El rechazo de Escocia a la independencia ha provocado la dimisión del ministro principal de esta región, Alex Salmond, y a la vez ha salvado al gobierno de Londres de una humillación y evitado que el premier, David Cameron, tuviese que plantearse la dimisión.
Aunque la votación haya acabado con las aspiraciones independentistas de Escocia durante una generación, parece que desatará un importante periodo de turbulencia constitucional y descontento político en Westminster.
Varios parlamentarios, entre ellos los conservadores de Cameron, exponen sus objeciones a las promesas de última hora hechas a Escocia por los líderes de los tres principales partidos si ganaba el “no”. Sus críticas se basan en parte en la promesa de Westminster de mantener la llamada “fórmula Barnett”, que determina el reparto de fondos regionales en Reino Unido y que ha sido criticada por favorecer de forma injusta a Escocia.
El legislador conservador Owen Paterson exigió que el parlamento discuta la oferta, mientras el alcalde de Londres, Boris Johnson —considerado un peligro para Cameron— aseguró que fue una promesa “imprudente”.
También pueden convertirse en un campo minado los planes de Cameron de devolver a Escocia más poderes y a la vez encontrar una respuesta a la denominada “cuestión West Lothian”: es decir, el hecho de que los congresistas escoceses puedan votar en Westminster cuestiones que solo afectan a la región inglesa mientras que los parlamentarios ingleses no pueden hacer lo mismo, ya que los temas escoceses se dirimen en su parlamento regional.
El estrecho margen entre los unionistas y los independentistas que se perfiló poco antes de la consulta forzó al premier a “todo tipo de concesiones rápidas e imprudentes” hacia Escocia y le debilitó más de lo que ya estaba, afirma el profesor de politología Steven Fielding, de la Universidad de Nottingham.
“Es difícil hacer cambios constitucionales en los mejores tiempos, y estos son los peores”, apunta.
La “cuestión West Lothian” fue planteada por primera vez hace más de un siglo por el entonces premier William Gladstone y nunca se ha resuelto. Así que la mayoría de los analistas consideran muy ambicioso el discurso de Cameron, que espera llevar a cabo pronto las reformas presentando un borrador de ley en enero.
No hay un acuerdo amplio entre los tres principales partidos —conservador, laborista y liberal-demócrata— sobre qué debe estar en esa ley, sobre todo en lo que se refiere a los derechos ingleses.
A los legisladores conservadores les atrae la idea de un parlamento regional inglés, pues creen que tendrán posibilidades de controlarlo, mientras que los laboristas —mucho más fuertes en Escocia y débiles en Inglaterra— se oponen a él por la misma razón.
El hecho de que los parlamentarios escoceses dejen de votar sobre algunos asuntos le supondría grandes dificultades a cualquier futura administración laborista, sobre todo al hipotético gobierno en minoría encabezado por Ed Miliband que las encuestas predicen para las elecciones de mayo del 2015.
Por eso, los laboristas interpretan el plan de Cameron como un intento de preservar el poder para los conservadores.
Para el parlamentario laborista Douglas Alexander, se trata de una “reacción reflejo” motivada más por “la política que por un juicio considerado de las necesidades de la Constitución”. “Lo último que Escocia necesita es un cambio constitucional que reduzca la voz de Escocia en Westminster y potencie la forma en que los tories (conservadores) se aferran al poder”, tuiteó el laborista Owen Smith.
Los liberal-demócratas están divididos. Durante la campaña para el referendo, su líder, Nick Clegg, aseguró que “no tiene sentido” que los legisladores escoceses tengan el mismo derecho de decidir sobre las cuestiones inglesas que los congresistas ingleses. Pero otro relevante liberal-demócrata, Danny Alexander, insiste en que la creación de “dos clases diferentes” de parlamentarios no funcionará.
Poco antes de dimitir, Salmond ya dejó claro que espera que Westminster cumpla la promesa que hizo, sobre todo teniendo en cuenta que casi la mitad del electorado escocés votó a favor de separarse del Reino Unido.
“Si no cumplen esa promesa debido a una falta de acuerdo sobre la cuestión inglesa, se enfrentan al riesgo de que rompa la confianza pública, manchando así para siempre el nombre de Westminster”, advierte el periodista político de la BBC James Landale.
