El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, confirmó que la lesión que provocó la muerte de un niño de 13 años durante la dispersión de una manifestación en Puebla, fue hecha con un proyectil que portaban los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP-E).
En conferencia de prensa, sobre la recomendación que emitió la CNDH por el caso Chalchihuapan, el ombudsman reveló que de acuerdo al análisis de evidencias de diez dictámenes periciales, entrevistas con víctimas, y los testimonios recabados de la tomografía del menor, se concluyó que las lesiones de naturaleza mortal de cuatro centímetros que presentaba, no habían sido producidas por piedras, palos, arma blanca y de fuego o cohetón.
“El niño no fue golpeado por cohetón” como había afirmado el gobierno poblano. Su muerte se debió “al uso excesivo de la fuerza” y la negligencia de los elementos policiacos, añadió.
Por esto, emitió una recomendación a Rafael Moreno Valle, gobernador de la entidad, para la creación de una fiscalía especial para que investigue y se garantice de manera transparente un adecuado acceso a la justicia de los lesionados, tanto pobladores como policías y exhortó para la elaboración de un registro de víctimas.
Plasencia Villanueva anunció que se dictó un acuerdo de investigación sobre los hechos ocurridos el nueve de julio, en la que pobladores fueron dispersados luego de una manifestación, dejando como saldo, la muerte de un niño, cuatro detenidos y varios lesionados.
Para ello fueron desplegadas 30 personas, entre médicos, abogados y peritos. Aseguró que la comisión nacional enfrentó obstáculos dentro de la investigación, como contradicciones en los testimonios, ausencia de acciones eficaces para proporcionar ayuda a los lesionados, y la omisión de algunas autoridades para proporcionar atención y certificación medica adecuada, y reveló que servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no recabaron pruebas en el lugar de los hechos. Plascencia Villanueva, señaló que las autoridades deben mantener el orden y el debido ejercicio de la fuerza pública, de tal forma que no viole los derechos humanos, por lo que “no se justifica el exceso de fuerza” y la afectación de terceros por parte de particulares. Y pidió evitar la presencia de menores de edad en manifestaciones, para evitar lesiones o la muerte como en este caso.
LOS NÚMEROS
Durante el despeje de la manifestación entre habitantes de San Bernardino Chalchihuapan y policías estatales en la autopista Atlixco-Puebla, Plasencia dijo que participaron 426 elementos de la policía, de los cuales, eran 392 escuderos, 20 escopeteros y 14 granaderos, y confirmó que se tiene constancia de 49 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado lesionados.
El comisionado añadió que se utilizaron 930 granadas, cartuchos y proyectiles de gas lacrimógenos, de los que se lanzaron 478 proyectiles contra los manifestantes. De estos, nueve resultaron lesionados por el armamento empleado por los agentes.
El secretario de la Seguridad Pública de la entidad, Facundo Rosas estuvo al mando del operativo.
Dos de los cuatro consignados durante en el de despliegue policial, señalados como responsables de los ataques a las vías de comunicación, relataron su versión de los hechos. El primero de ellos aseguró que cruzaba la carretera cuando fue apresado y golpeado por policías; el segundo refirió estar sentado en la valla que divide la vialidad en el momento de su detención.
En agosto fueron puestos en libertad por no existir elementos que acreditaran estos hechos.
Raúl Plascencia refirió que los pobladores también agredieron al cuerpo policíaco, con palos, bombas molotov y piedras, y ninguna de estas personas han sido detenidas, pese a contar con pruebas, por lo que consideró ineficiente la intervención de la procuraduría estatal.
Pidió una disculpa pública a las víctimas y garantizar que eventos como este no se repitan. A su vez, instruyó a la colaboración con la CNDH para el trámite de queja ante el órgano interno de control de la SSP estatal y la PGJE, para que sean investigados los servidores públicos involucrados.
El gobierno poblano tiene 15 días para responder y otros 15 más para presentar pueblas de cumplimiento, de no hacerlo, se interpondrán las denuncias correspondientes en contra de los titulares estatales de la Secretaría de Seguridad y la procuraduría.
Si el gobernador no cumple la recomendación de manera integral, la comisión nacional podría pedir al Senado su intervención para deslindar responsabilidad.
