Durante el operativo de la policía estatal preventiva de Puebla suscitados el pasado 9 de julio en la carretera Atlixco-Puebla, los elementos policiacos incurrieron en el uso excesivo y negligente de la fuerza, razón que ocasionó la muerte de un menor de 13 años de edad y que nueve personas, entre ellos otros dos menores, resultaran con lesiones graves.
Lo anterior lo concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tras realizar el análisis de esos hechos en el municipio de Coyucan, en esa entidad, y debido a los cuales el niño José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo debido – de acuerdo a la CNDH- por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno usado por los uniformados.
Al presentar la recomendación por este caso, el titular del organismo nacional, Raúl Plascencia, señaló que la responsabilidad de la violación a derechos humanos por estos hechos se atribuible a funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, entre ellos el titular de la instancia, Facundo Rosas, así como de la procuraduría local. Es de señalar que articulistas así como en versiones que trascendieron tanto en la CNDH como en el gobierno de Puebla se había adelantado que la responsabilidad caería en el secretario de seguridad pública local.
Indicó que tras el análisis de los hechos la CNDH logró acreditar violaciones a los derechos a la vida, libertad de reunión, seguridad e integridad personal, al trato digno, a la verdad y la información, entre otros.
Por ello, el ombudsman nacional dirigió una recomendación al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, en la que lo exhorta entre otras a iniciar los procedimiento correspondientes contra los funcionarios responsables, para que se realicen las investigaciones objetivas y transparentes correspondientes, para la reparación del daño a las víctimas, para que haya una disculpa pública, entre otros.
Plascencia Villanueva dijo que tras las investigaciones de la CNDH no se logró acreditar que durante el operativo se haya dado el uso de balas de goma, como en diversos sectores se había presumido, sino que las lesiones las causaron los cilindros de gas lacrimógeno usados por los uniformados. Agregó que el mandatario estatal tiene 30 días hábiles para responder y cumplir la recomendación.
