La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) interpuso una denuncia penal contra la minera Grupo México por la crisis ambiental que causó en Sonora, tras el derrame de tóxicos en ríos.
En conferencia de prensa, Guillermo Haro, titular de la Profepa, explicó que “hemos entregado ya a la PGR los dictámenes de todas las instituciones y dependencias involucradas”.
La investigación indica, dijo, que el derrame ocurrió por la falla de una contratista de la minera que no la supervisó. Mencionó que el próximo lunes, de acuerdo con sus investigaciones, se podrían anunciar nuevas medidas de seguridad que pudieran implicar la clausura provisional o definitiva de otras instalaciones de la mina Buenavista del Cobre.
“La PGR informará de lo que resulte de la denuncia penal y de la probable responsabilidad (de los) directivos de la empresa”, expuso.
Profepa presenta denuncia penal contra la minera
El derrame tóxico es atribuible en su totalidad a Grupo México señala.
Además del daño ambiental provocado en el río Sonora y la cuantificación de daños que se haga del mismo, Grupo México podría perder definitivamente la concesión de la mina Buenavista del Cobre por otras irregularidades, que incluyen daños a la salud de sus empleados y violaciones a la ley minera, así como las consecuencias penales que podrían enfrentar directivos del grupo.
“Presentamos de inmediato también la denuncia penal, hemos entregado a la PGR los dictámenes de todas las instituciones y dependencias involucradas, hemos entregado también el peritaje que confirma que el fallo, en el llamado tubo, en la tubificación que presentó, y el derrame se produjo por una falla técnica, totalmente atribuible a la empresa contratista y a la propia minera, quien tiene la obligación de revisar el trabajo de quienes están a su servicio.
“La Procuraduría General de la República está trabajando en los dictámenes, está tomando declaraciones y seguramente informará en su oportunidad de lo que resulte de la denuncia penal y de la probable responsabilidad de los presuntos responsables, directivos de la empresa”, reveló Guillermo Haro, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de detallar que otras dependencias federales evalúan el funcionamiento de la mina, que cuenta con ocho concesiones en tres mil 600 hectáreas.
Dijo que desde ayer se incrementaron las revisiones a Buenavista del Cobre por parte de las secretarías del Trabajo y de Economía, así como de la Cofepris, para valorar “con objetividad, con apego a derecho, una posible suspensión, provisional o definitiva, de las concesiones de la minera Buenavista del Cobre”.
Lo anterior independientemente del juicio por responsabilidad ambiental que se interpondrá en días próximos ante un Juez de Distrito, una vez que se tenga la cuantificación de los daños que podría derivar en el pago para la reparación de los mismos, por cientos o miles de millones de pesos por parte de Grupo México.
Haro detalló que ya se cuenta con los dictámenes de los daños a la flora y fauna, así como de calidad del agua, en por lo menos nueve de 22 muestreos realizados por Conagua en el caudal del río Sonora, donde hay niveles por encima de las normas, principalmente de arsénico.
Actualmente, sobre la mina pesan dos clausuras temporales parciales luego del incidente y de que concluyó la revisión en otras ocho áreas de la empresa.
Agregó que la minera tiene dos días naturales para presentar pruebas, por lo que sería el lunes cuando se adopten medidas de seguridad que contemplan nuevas clausuras a la mina.
Dijo que entre las acciones emprendidas por el gobierno federal se inició la revisión de otras minas que pertenecen a Grupo México, que concentra 48% de la producción de mineral en el país.
Igualmente aseguró que no se reservará información al respecto y que hará público el juicio por responsabilidad ambiental y que la dependencia cuidará todo el proceso penal correspondiente.
Haro precisó que antes del incidente, ocurrido el 6 de agosto, en las oficinas centrales y la delegación de esa dependencia en Sonora recibieron nueve denuncias, dos de ellas por filtraciones, las cuales atendieron.
Detalló que entre las denuncias una la hizo el presidente municipal de Cananea el 18 de octubre de 2013 por contaminación ambiental, principalmente por polvo y olores que empezaban a deteriorar la salud y vías respiratorias de los habitantes.
Puntualizó que no hubo queja alguna en la zona antes del derrame de tóxicos y tampoco recibieron alguna queja del presidente municipal de Arizpe ni de los lugareños, por lo que descartó que hubiera omisión de las autoridades federales.
