La dirigente estatal de Morena en Puebla, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, defendió la administración del ex gobernador Miguel Barbosa Huerta al asegurar que no existe un daño patrimonial por más de 447 millones de pesos, pues el gobierno está en proceso de solventar las observaciones detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Consideró que por el proceso electoral 2023-2024, la oposición utilizará lo observado por la ASF en la cuenta pública de 2022 de Barbosa. Lo señalado por el organismo se debe a que el barbosismo no entregó la documentación probatoria de la adquisición de diversos bienes y servicios.
En conferencia de prensa, Romero Garci-Crespo declaró que el proceso de fiscalización es un tema complicado y que el reporte entregado ayer por la ASF a la Cámara de Diputados es la primera etapa del análisis realizado, por lo que lo siguiente es recibir las observaciones y solventarlas.
Refirió que la ASF revisó una muestra de más de 53 mil millones de pesos y que lo observado por 447 millones de pesos solo representa .85% de lo analizado, por lo tanto, consideró incorrecto presumir un daño a las arcas estatales.
"Es incorrecto decir que el gobierno de #MiguelBarbosa dejó un daño patrimonial por más de 447 millones de pesos. El gobierno está en tiempo para solventar las observaciones", dice la dirigente estatal de @MorenaSi_Puebla, @OlgaRomeroGC |Vía: @bereymar pic.twitter.com/3pIEHzL9Ia
— RETO diario (@retodiariomx) February 21, 2024
Comentó que la Auditoría tiene hasta el 20 de febrero de cada año para enviar a la Cámara de Diputados el informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior: además, tiene otros 10 días hábiles, es decir, hasta el 5 de marzo para notificar a cada sujeto fiscalizado el informe individual.
“Notificados estos, cada ente tiene hasta 30 días hábiles para remitir la documentación comprobatoria y justificativa para solventar las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación le manifestó en su informe correspondiente”, dijo.
Romero Garci-Crespo afirmó que la ASF tiene 120 días hábiles para pronunciarse y determinar si las observaciones fueron atendidas o en su caso si existe algún tipo de responsabilidad y, si esto ocurre, el organismo tendrá que presentar denuncias ante el Órgano Interno de Control por faltas graves o ante el Tribunal de Justicia Administrativa para faltas graves.
La dirigente estatal de Morena añadió que en el gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas las cuentas públicas se utilizaban como garrote político y hacían creer a la ciudadanía que las observaciones ya eran un daño patrimonial.
