En audiencia de revisión de medida cautelar, un juez de control de Pacho Viejo, Coatepec, amplió un año más la prisión preventiva justificada por el delito de desaparición forzada en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
La medida fue solicitada por la Fiscalía General de Veracruz y entró en vigor a partir del 17 de noviembre de 2023.
La audiencia corresponde al proceso penal número 103/2018, por la desaparición forzada del ex policía estatal, David Lara Cruz, en el año 2016, en manos de policías estatales, estos hechos ocurrieron un mes antes de que Duarte huyera a Guatemala ante las acusaciones que se destaparon en su contra por el presunto desvío de recursos.
De acuerdo a la investigación de la FGE, el 12 de enero del 2016 el ex policía fue detenido tras acudir a realizar unos exámenes de control de confianza a la academia de policía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y fue detenido de forma irregular por algunos de sus compañeros, pero no hubo registro oficial de la detención.
Cinco días después, se abrió la carpeta de investigación, y el 19 de enero de 2016 fueron localizados restos humanos en la barranca de La Aurora, contigua a las instalaciones de la Academia de Policía, en el municipio de Emiliano Zapata, los restos correspondían al elemento Lara Cruz.
Las autoridades de procuración de justicia acusan al ex director de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza de instruir a peritos para informar solamente el hallazgo de seis cuerpos y no reportar otros 12 cuerpos, incluyendo el del policía.
Asimismo, a Carlota Zamudio Parroquín, responsable de la Delegación Regional de Policía Ministerial, es señalada por alterar el informe sobre el hallazgo.
Por el caso del ex policía estatal, Javier Duarte fue vinculado a proceso en noviembre de 2022 y se le dictó prisión preventiva justificada, aunque el ex mandatario permanece desde 2017 en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México
Luego de su captura en 2017, Duarte fue acusado por el desvió de más de tres mil millones de pesos durante su gestión en Veracruz y en 2019 fue sentenciado por un juez federal a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
