No lo cuente en voz alta, pero las quejas contra Marcos Castro Martínez se acumulan de un tiempo a la fecha.
Y es que el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN no solo sigue enfrascado en un pleito –ya personal y sin fin– con la dirigente, Augusta Valentina Díaz de Rivera, por el control –político y económico– del partido.
También se empiezan a documentar movimientos bastante extraños por parte de quien asume roles que no solo no le corresponden, sino que causan desconfianza y confusión entre los militantes.
Y es que cada vez son más fuertes los testimonios y las evidencias de que Marcos Castro está cobrando encuestas a aspirantes a presidentes municipales y diputados locales.
Con estas acciones –ya del dominio público en el PAN poblano–, el secretario general no solo siembra incertidumbre entre quienes tienen legítimo interés en participar en las elecciones de 2024.
También genera divisiones y molestia, y mete desorden pues actúa al margen de los procedimientos formales del instituto político.
Todo parece indicar que el susodicho trae su propia agenda, política y económica, alejada por supuesto del propósito de Acción Nacional de ganar el estado: la gubernatura, el Congreso y el mayor número de alcaldías.
Las fuentes afirman que dicha práctica –el comercio con encuestas a modo– la viene cometiendo incluso en municipios gobernados por lo que hoy se conoce como Frente Amplio por México, donde alienta a otros perfiles sin importarle que la reelección de los actuales alcaldes está confirmada.
Marcos Castro ha dejado todas las huellas de sus movimientos.
Y las quejas no dejan de llegar al escritorio de la presidenta del CDE, Augusta Díaz de Rivera, quien alarmada no sabe si transmitirlas al jefe de ambos, porque sabe que corre el riesgo de que las acusaciones se enmarquen en el pleito que trae con el secretario general y se entienda que todo solo es “grilla barata”.
Mientras son peras o manzanas, el malestar crece entre militantes que no entienden por qué el segundo a bordo del partido hace lo que hace con tal nivel de descaro.
Con esos amigos para qué quiere enemigos el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.
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Por cierto: hablando de Rivera Pérez.
Desde el pasado viernes, cientos de poblanos y poblanas empezaron a recibir llamadas telefónicas desde un número con terminación 54 en las que se les pregunta:
“¿Sabías que el gobierno de Eduardo Rivera Pérez está respaldado por Xóchitl Gálvez?”
Ante la notable caída de la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, no se sabe si tales llamadas son obra de los enemigos del presidente municipal o una estrategia de posicionamiento de quien se perfila como el candidato del PAN-PRI-PRD (y quizá Movimiento Ciudadano) a la gubernatura de Puebla.
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Fuentes del Poder Judicial afirman que la Fiscalía General del Estado hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar no solo la liberación de Eukid Castañón Herrera, sino para procurar su regreso a la cárcel.
Todavía el pasado martes la FGE intentó una nueva vinculación a proceso del ex operador morenovallista, ahora por el delito de asociación delictuosa, pero no lo logró pues se dictó un auto de no vinculación.
La causa penal es (o era) la 1364/2023/PUEBLA.
Y la carpeta de investigación, la 021/2020/UEIORPI.
Antes la Fiscalía lo había intentado por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita, pero con idéntico resultado, pues un amparo del Poder Judicial de la Federación determinó que no era procedente.
