Haciendo uso de las peores practicas represivas, el pasado 13 de octubre la Policía Municipal de San Pedro Cholula tiñó de violencia el segundo informe de gobierno de la edil Paola Angon Silva, al agredir con gas lacrimógeno a periodistas que cubrían el acto protocolario, además de detener de manera ilegal y con empleo injustificado de la violencia, a un líder de comerciantes y un comunicador. Esa condición ya provocó la intervención de un organismo nacional y dos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Un episodio que sorprendió a propios y extraños por la reacción agresiva del ayuntamiento panista, sin que hubiera la más mínima motivación para actuar de esa forma.
Pero lo que más sorprende y desconcierta es que, hace un par de días, fueron condecorados los policías que generaron esa jornada represiva en San Pedro Cholula.
En un acto encabezado por autoridades estatales, entre los que se encontraba Daniel Cruz Luna, el secretario de Seguridad Pública en la entidad, se entregó el Certificado Único Policial (CUP) al conjunto de gendarmes del gobierno de Paola Angon, como un reconocimiento a que se han especializado en atender a victimas de delitos y grupos vulnerables de la sociedad.
Lo que a todas luces pareciera ser un intento de brindar impunidad e inmunidad a una corporación policiaca que viola los derechos humanos y que tiene como cabeza a Sergio Fernández Martínez, quien fue jefe de guardaespaldas del finado Rafael Moreno Valle Rosas, el gobernador más represivo de las últimas décadas en el estado de Puebla.
Resulta un insulto a la inteligencia de la opinión pública que luego de su oprobiosa actuación el día del informe de Angon Silva, se le haya otorgado a la policía cholulteca la CUP en reconocimiento porque supuestamente recibieron 23 cursos de capacitación para atender a víctimas del delito, respetar los derechos humanos y mejorar los protocolos de defensa de grupos vulnerables de la sociedad.
Lo que pasó el 13 de octubre, es exactamente lo contrario a lo condecora la CUP, pues ese día un grupo de periodistas que estaban en la Plaza de la Concordia de San Pedro Cholula fueron rociados con gas lacrimógeno por personas vestidas de civil, pero que trascendió que habrían sido agentes policiacos sin uniforme.
¿Cuál fue el motivo? No hubo ninguna justificación. Lo único que se interpreta es el miedo al escrutinio público que tiene la edil Paola Angon, que encabeza un gobierno errático que no gusta ni siquiera a los liderazgos de su partido, el PAN.
Un segundo hecho grave de ese viernes violento es que poco antes de iniciar el informe de la alcaldesa panista, el principal líder de comerciantes del municipio, Máximo Ortega Mello, fue detenido por la Policía Municipal, cuando caminaba como cualquier vecino por las calles céntricas de la ciudad. Un hecho evidentemente violatorio de las garantías individuales.
Contra Max Ortega, tal como lo conoce la mayoría de la gente, se le aplicó la máxima de los gobiernos autoritarios: “primero disparo, luego investigo”. A este líder social primero lo detuvieron, antes de que pudiera hacer algo negativo.
El tercer hecho grave es que el comunicador Juan Carlos Cacho se acercó al secretario de Seguridad Pública de San Pedro Cholula, Sergio Fernández, también el día del informe, para preguntarle si estaba justificada la detención de Max Ortega.
Y al mismo tiempo para quejarse de que los periodistas reunidos ese día frente al ayuntamiento eran grabados por una joven identificada como Claudia García, supuesta encargada del área de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Algo que está constatado, pues hay varios videos en que se ve a esa funcionaria –todo el tiempo– enfocando con un teléfono celular a los reporteros presentes en la explanada que está frente al ayuntamiento.
Esas simples preguntas ameritaron que, minutos más tarde, Juan Carlos Cacho fuera detenido por la Policía Municipal.
Un grupo unos ocho agentes se encargaron de la tarea de someter con lujo de violencia a Juan Carlos Cacho, un joven bajo de estatura, esbelto, de un carácter tranquilo. Sin haber una causal jurídica lo privaron de su libertad por varias horas.
El peor absurdo es que Claudia García denunció al periodista por “acoso”. Ahora resulta que “los patos les tiran a las escopetas”.
Tan severa y absurda fue la agresión cometida por la Policía Municipal, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha iniciado –de oficio– una investigación de los actos represivos de la policía a cargo de la edil Paola Angon.
También ya empezó a documentar la agresión la organización internacional Artículo 19, por una clara violación a la libertad de expresión.
Human Watch Rights ha decido financiar la contratación de abogados para que Juan Carlos Cacho proceda legalmente contra el Ayuntamiento de San Pedro Cholula.
Frente a todo lo anteriormente narrado, surgen dos preguntas básicas:
¿Ese comportamiento es el que está condecorando Daniel Cruz Luna, el secretario de Seguridad Pública estatal?
¿No era motivo suficiente que, lo ocurrido ese viernes 13 de octubre, sirviera para negarle el CUP a la Policía Municipal de San Pedro Cholula?
Así como están las cosas, a nadie debe sorprender que un día Daniel Cruz Luna decida develar una estatua a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública federal preso en Estados Unidos por proteger al Cartel de Sinaloa.
O busque que se ponga con letras de oro el nombre de Facundo Rosas en el Congreso local, el extitular de Seguridad Pública estatal que permitió que proliferara el huachicol en Puebla.
