Un organismo que tendría la posibilidad de acabar con la desinformación y la manipulación que provoca la difusión de “encuestas patito” que ubican a X, Y o Z aspirantes como los mejor posicionados y con mayor potencial de voto de cara a los comicios locales del 2024, es el Instituto Electoral del Estado.
Sin embargo, su presidenta Blanca Yassahara Cruz García y demás integrantes de su Consejo General difícilmente asumirán el compromiso de observar y sancionar a los actores políticos que se presten, financien o incurran en esta manipulación electoral por una sencilla razón: carecen de autonomía e independencia.
Han tenido diferentes oportunidades de hacer valer su condición de árbitros electorales imparciales y lejos de cumplir su responsabilidad, han optado por hacerse los desentendidos o los omisos frente a los actos anticipados de campaña de aspirantes y partidos, el despilfarro publicitario o propagandístico de quienes inequívocamente han buscado posicionarse entre los votantes y las flagrantes violaciones al Código Electoral del estado y demás normas aplicables en la actual coyuntura electoral.
El IEE bien podría solicitar a las empresas encuestadoras –cuyos estudios demoscópicos electorales se han publicado en distintos medios de comunicación–, su metodología, patrocinadores y revisar si estos se han aplicado con rigor técnico o científico, o si por el contrario carecen de método, se basan en muestras sesgadas o poco representativas, ya que en realidad tienen propósitos publicitarios.
Pero el Instituto y sus consejeros no lo harán porque carecen de autonomía, independencia y autoridad moral, pero además porque tienen miedo de que si toman la iniciativa de aplicar la ley sin distingos partidistas, metiendo al orden a los dirigentes de Morena y sus aspirantes a la gubernatura de Puebla, serán removidos o destituidos.
Aquí radica el problema de fondo de que los consejeros del IEE no sean figuras públicas, académicas o económicas conocidas y reconocidas, con prestigio social y trayectoria profesional, sino burócratas de medio pelo surgidos del Instituto Nacional Electoral (INE), de lo que fue el IFE, o de algún tribunal local o federal electoral, que dependen para vivir del sueldo que perciben.
El riesgo que se corre con estos consejeros omisos, que se rehúsan a aplicar la ley, a sancionar los actos anticipados de campaña, el despilfarro propagandístico de partidos y precandidatos, y la manipulación de encuestas electorales, es que cuando quieran hacerlo nadie les hará caso y el proceso local electoral del 2024 en Puebla podría tornarse anárquico, caótico y violento.
Ojalá me equivoque.
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En la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla las cosas no han mejorado pese al nombramiento de un nuevo titular, el maestro Luis Javier Cervantes Gómez.
El jueves 5 de octubre un grupo de la Comisión se fue a realizar una acción de búsqueda a los municipios de Altepexi y Tehuacán, pero resulta que sus miembros regresaron borrachos o por lo menos con aliento alcohólico.
Entre ellos los siguientes: Gustavo Mesinas Olivares, jefe de Departamento de la Dirección de Acciones de Búsqueda; Joel Alonso Ortega Martínez, Eberth Daniel Castelán Martínez y Adriana Aquino González, analistas de la Dirección de Análisis de Contexto.
De acuerdo con empleados de la Comisión, es recurrente que Gustavo Mesinas llegue después de alguna acción de búsqueda con algunas copitas de más.
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