Un tema espinoso que ha pasado desapercibido, incluso desde antes de la muerte del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, pero que debería ser aclarado, es el de los decomisos ordenados por el exmandatario y ejecutados por el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal.
Incautaciones que tienen que ver con cateos realizados a las propiedades de políticos y personajes perseguidos y encarcelados por la administración barbosista.
De dos personajes en particular: de Eukid Castañón Herrera y de Francisco Romero Serrano.
El primero, ex brazo operador del morenovallismo, y el segundo, extitular de la Auditoría superior del Estado (ASE).
Y es que, independientemente de la situación legal de cada uno, a ambos les fueron revisadas, investigadas y confiscadas algunas propiedades por los supuestos delitos adjudicados y por los que fueron detenidos y encarcelados.
Delitos, hay que subrayarlo, que según el propio exmandatario tuvieron que ver con un presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, extorsión, entre algunos otros.
Sin embargo, poco o nada se ha sabido del resultado de aquellos cateos y decomisos consumados por los agentes de la FGE en las propiedades de ambos personajes, quienes poseían todo tipo de artículos, desde alimentos y bebidas hasta piezas de colección, obras de arte, automóviles, joyas y dinero en efectivo.
¿Qué pasará si ambos recobran su libertad, ya sea porque sean absueltos de todos los delitos que se les habían adjudicado, por algún amparo o por un acuerdo político?
¿Dónde queda la credibilidad del fiscal Gilberto Higuera, quien detuvo –a diestra y siniestra– a los detractores, enemigos y opositores del barbosismo pero que ahora ya salieron de la cárcel?
Y en muchos de los casos con el lamentable “usted disculpe”.
¿Serán los casos Eukid Castañón y Francisco Romero?
El primero, hay que recordar, fue detenido y encarcelado acusado por varios delitos, entre los que se encuentran no haber presentado su declaración patrimonial, así como una propiedad valuada por 6 millones de pesos y una cuenta bancaria con manejo de más de 4 millones de pesos.
Por lo anterior, Castañón Herrera fue sentenciado a cinco años en prisión; sin embargo, este mismo dictamen se sumó a otro impuesto por 7 años y 6 meses, por falsedad de declaraciones y extorsión.
Empero, el punto es que mientras Eukid Castañón permanecía en la cárcel y era procesado, la FGE cateó sus propiedades y le confiscó más de 200 obras de arte, una colección de automóviles deportivos, artículos de lujo, como zapatos de marca, cinturones de los mejores diseñadores, relojes, entre muchos otros.
La pregunta es: ¿dónde está todo eso?
Extrañamente, aún en su momento como titular de Cultura en Puebla, Sergio Vergara Berdejo denunció que los museos de Puebla habían sido saqueados y acusó del hurto, junto con el exgobernador Miguel Barbosa, al morenovallismo.
Todo eso le fue encontrado a Eukid Castañón en un contenedor que se ubicaba en la carretera federal a Atlixco, el cual estaba completamente cerrado y resguardado por seguridad privada.
Son muchas las dudas en torno al caso, toda vez que el tema nunca se quiso abordar ya ni por el entonces gobernador, ni por el ahora extitular de Cultura.
Me pregunto: ¿serían las obras decomisadas piezas pertenecientes a los museos poblanos?
¿Por qué Sergio Vergara nunca salió a aclarar el tema?
Aunque, insisto, lo más importante es: ¿dónde están ahora esas más de 200 obras de arte?
Sobre el segundo de los casos ocurre algo muy similar, pues en los cateos realizados a las propiedades de Francisco Romero, el extitular de la ASE, sobre todo al ejecutado a su casa, se incautaron toda clase de artículos de lujo con valor de cientos de miles de pesos.
Los agentes de la FGE habrían encontrado e incautado alimento, bebidas, joyas y dinero en efectivo, el cual fue asegurado, a pesar de que Romero Serrano logró sacar de su casa camionetas repletas de quién sabe qué cosa poco antes de que las autoridades lo detuvieran y la catearan.
Llama mucho la atención este caso debido a que entre las historias, versiones y hechos que se cuentan sobre el entonces auditor del estado, existe una en torno a los modos y las formas del exfuncionario de “atacar la corrupción” en Puebla.
Y es que se dice que cobraba cantidades exorbitantes por limpiar los expedientes o avalar las auditorías de los distintos sujetos obligados.
A uno de ellos, por ejemplo, Francisco Romero tuvo la osadía de solicitarle la módica cantidad de 200 millones de pesos por “limpiar” su cuenta pública, aprobarla y darle el visto bueno.
De lo contrario, la ASE no avalaría el ejercicio administrativo y procedería en su contra.
Esta práctica incluso fue la que provocó el rompimiento con el gobernador Barbosa, de quien utilizaba el nombre para supuestamente abusar de su poder y chantajear a los distintos entes públicos.
Sin embargo, en este caso cabe la misma pregunta: ¿dónde está lo incautado por la FGE a Francisco Romero?
¿Dónde carajo quedó?
¿Qué tendrá que decir el fiscal, Gilberto Higuera, al respecto?
¿Qué pensará el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina?
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