Tras el proceso judicial que enfrentó por la denuncia de discriminación que una extrabajadora del Ayuntamiento de Puebla interpuso en su contra, la expresidenta municipal Claudia Rivera Vivanco anunció una estrategia para crear una iniciativa de reforma al Poder Judicial del estado.
En entrevista, la morenista explicó que como resultado de ese proceso y lo que consideró una embestida jurídica que ha vivido en los últimos cuatro años, convocó a abogados y abogadas a construir una reforma judicial denominada a nivel nacional como “Plan C“.
“Si bien no fue un juicio, sí experimenté un juicio mediático. El proceso por el que se me quería incriminar era un delito por discriminación, no solamente no se encontró delito, sino que además el juez le hizo mención al Ministerio Público de la mala práctica, porque integró y lo llevó a un proceso sin la mínima causa probatoria”, dijo Rivera Vivanco.
Junto a su abogado Damián Romero Suárez, la morenista negó que Leobardo Rodríguez Juárez, quien durante su gobierno fue secretario de Administración, así como el enlace administrativo, Said Paleta Hernández, hayan sido responsables del delito de discriminación en contra de la exconsejera jurídica Yasmín Flores Hernández, como ella acusó el pasado viernes tras la audiencia de vinculación a proceso.
“Eso es completamente falso, el juez determinó que no había delito y se comprobó por las pruebas que nos tocó presentar que el Cabildo es quien aprueba el proyecto de egresos, que hay un tabulador de los directores, homólogos, todas las personas saben, antes de firmar sus contratos, cuánto van a ganar. Por lo tanto, no hubo prueba de ningún delito de discriminación, hubo un embate mediático, presión jurídica, manipulación”, subrayó.
En cuanto a la iniciativa de reforma integral al Poder Judicial del estado de Puebla, el abogado Damián Romero explicó que se trata de terminar con la impunidad, revictimización en temas de género, así como mejorar los recursos de operación y funcionamiento de juzgados.
Rivera Vivanco señaló que en el proceso que enfrentó, observó áreas de oportunidad en la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por lo que consideró importante terminar con la manipulación, el influyentismo y la corrupción de políticos hacia el Poder Judicial, quienes buscan impedir el acceso a la justicia.
