La Ibero Puebla, a través del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga (IIMA), presentó el Grupo Promotor Regional de la Contraloría Social del Agua, una instancia autónoma que surge desde la autogestión a nivel municipal, estatal, regional y nacional, para asegurar transparencia, democracia y la buena administración del líquido en el municipio de Puebla.
Esta iniciativa se enmarca en la realización del 5° Taller de incubadoras de grupos promotores de contralorías sociales autónomas del agua. Ambas iniciativas surgen desde el firme compromiso de la universidad jesuita con el cuidado de la casa común, que, entre otras cosas, se configura para impulsar esta iniciativa para el cambio en la gestión hídrica en México y Puebla.
La doctora Valentina Campos Cabral, directora del IIMA, situó la creación de las contralorías ciudadanas en 2012, cuando México se comprometió a incorporar como un derecho humano esencial el acceso al agua potable y su saneamiento. A pesar de ello, han pasado diez años sin una ley formal que cumpla este aspecto.
Valentina Campos Cabral, directora del IIMA Xabier Gorostiaga de la Ibero Puebla. Foto: Especial
“Las contralorías sociales son la alternativa que el Movimiento Nacional en Defensa del Agua impulsa, porque se considera que es un sistema público que puede ser sostenible económica- y ambientalmente, siempre y cuando se cambie el modelo de gestión”, pronunció la doctora Valentina Campos.
La sociedad organizada en el contexto mexicano tiene una importancia determinante que fue abordado por la doctora Patricia Legarreta. Para la investigadora Conacyt-Pronaces, la ciudadanía debe conocer los impactos de este organismo social en la cotidianidad, pues depende del conocimiento público para su funcionamiento correcto.
Patricia Legarreta, investigadora Conacyt-Pronaces. Foto: Especial
“Esa es la idea de que podamos impulsar este tipo de proyectos con vinculación social, y justamente el proyecto Tocoyani cumple con esto”, dijo la académica, quien aludió al papel fundamental que tienen las instituciones educativas para difundir estas iniciativas, que una vez que llegan a la población, les permiten empoderarse y denunciar las malas prácticas del Estado.
Por su parte, la maestra María Eugenia Ochoa García, coordinadora del componente de Sistemas Municipales del proyecto e investigadora de la BUAP, recordó los desafíos que rodean la construcción de una contraloría ciudadana para el cuidado, la defensa y el buen uso del agua, sobre todo con las políticas de privatización que prevalecen.
María Eugenia Ochoa García, investigadora de la BUAP. Foto: Especial
“En el estado de Puebla, uno de los grandes desafíos que tenemos es la crisis hídrica. Se está secando la cuenca hidrológica del río Atoyac […] esto significa que se nos está acabando el tiempo. Estamos, ciertamente, en una crisis”, sentenció.
Este panorama adverso solo hace más necesaria la creación de una instancia como la Contraloría Ciudadana. Para el licenciado José Luis García Bello, coordinador de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Asamblea Social del Agua, la Consulta Ciudadana, como un nuevo modelo de gestión de agua para el municipio, promoverá la mejora de la gestión del recurso y la incidencia por parte de la ciudadanía.
José Luis García Bello, coordinador de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Asamblea Social del Agua. Foto: Especial
“Es una participación del pueblo no solo para ver. Aquí se trata de que toda la ciudadanía esté participando, y su importancia está en que todos los sectores estén representados ahí para llevar a cabo un buen gobierno”. Esta organización obliga al Estado mexicano a tomar acciones para que la crisis no avance más. De lo contrario, advirtieron los especialistas, solo quedan nueve años con agua en Puebla.
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