Los enemigos que dejó Jaime García Roque en la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) le andan buscando los pies y han encontrado una serie de inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales y de intereses que podrían ponerlo en aprietos.
Según lo asentado en su última declaración de situación patrimonial, que presentó el 3 de mayo, en 2022 sus remuneraciones netas después de impuestos por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones, ascendieron a 1 millón 672 mil 472 pesos, es decir a 139 mil 372 pesos mensuales.
Dicho ingreso sólo corresponde a su cargo de supervisor de educación tecnológica y capacitación para el trabajo en la zona escolar 007 de Puebla, y no a sus remuneraciones como secretario general de la Sección 51.
García Roque tiene una plaza de profesor de tiempo completo titular C.
De hecho, en sus últimas declaraciones ante la Secretaría de la Función Pública del estado, Jaime García no reporta otras remuneraciones que no sean las de su cargo como supervisor escolar.
En su declaración del año pasado, correspondiente a sus ingresos de 2021, las percepciones del secretario general saliente de la Sección 51 fueron todavía mayores. Reportó ingresos netos por 2 millones 731 mil 511 pesos, es decir de 227 mil 625 pesos al mes.
Sólo como referencia le comento que el salario neto mensual del presidente Andrés Manuel López Obrador es de 120 mil 948 pesos.
Lo extraño en las declaraciones patrimoniales es que Jaime García Roque no manifiesta ningún otro ingreso que no sea el de su puesto, pues de acuerdo con lo asentado por él, no tiene percepciones por su representación sindical, ni rendimientos por cuentas bancarias, fondos de inversión, ni valores bursátiles y tampoco ganancias como dueño o accionista de empresas o utilidades producto de la enajenación de bienes muebles e inmuebles de su propiedad.
En su declaración de 2021, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, sus ingresos netos fueron de 1 millón 157 mil 220 pesos, o de 96 mil 435 pesos mensuales.
A ciencia cierta desconozco si lo señalado por el dirigente saliente de la Sección 51 del SNTE en sus tres últimas declaraciones es real, lo que sí le puedo asegurar es que lo anterior es público y puede consultarse en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Aquí las evidencias.
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Este lunes, por una mayoría aplastante, los miembros de la Comisión Permanente Estatal del PAN aprobaron solicitar a la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista la expulsión del que fue brazo derecho de la exdirigente del Comité Directivo Estatal, Genoveva Huerta Villegas, y coordinador de los diputados locales de este partido en la LXI Legislatura, Eduardo Alcántara Montiel.
Al diputado Eduardo Alcántara se le juntaron varios asuntos. El principal fueron las acusaciones de violencia política de género que le formuló la exaspirante a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, Érika de la Vega Gutiérrez, y por las cuales ya fue sancionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), que lo encontró culpable de acoso sexual y de pedir a la víctima millón y medio de pesos para hacerla candidata.
También otros reclamos de miembros del Comité Directivo Estatal, el Consejo Estatal y la Comisión Permanente que exigían que Eduardo Alcántara fuera sancionado por desacatar las instrucciones de la dirigencia estatal y la dirigencia nacional en asuntos importantes, como la designación de gobernador sustituto.
Si el diputado local en funciones será sancionado con la expulsión del PAN o la suspensión de sus derechos políticos es algo todavía incierto, pues el dictamen aprobado esta tarde-noche por los panistas miembros de la Comisión Permanente Estatal será analizado por los siete integrantes de la Comisión de Orden del Consejo Nacional, que preside Marisol Vargas Bárcena.
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