Seis veces en el informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE) se repite, con distintos montos, la frase “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública”, respecto del manejo que el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, hizo del presupuesto del Poder Judicial del Estado de Puebla en el Ejercicio Fiscal 2021.
La suma de los seis montos localizados y que representan anomalías es cercana a los mil millones de pesos (938 millones 872 mil 428 pesos), por eso no extraña que este caso de presunto desfalco o posible daño patrimonial, o ambas, haya llegado a las páginas de medios nacionales.
El monto es monumental e inédito, aunque algunas observaciones podrían ser solventadas. El problema para Sánchez es cuántas no podrán serlo.
Hay referencias que nos ponen en clara perspectiva el caso ante el que estamos e, incluso, su calibre judicial e histórico, para Puebla y el país.
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, preso en Ciudad de México por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa y quien tiene con otros procesos en marcha, utilizó más de 600 empresas fantasmas para el presunto desvío de recursos federales, por un monto de 645 millones de pesos. (Menos de lo observado en Puebla por la ASE).
El caso lo documentó ampliamente el periodista Víctor Hugo Arteaga, ganador del Premio Nacional de Periodismo.
Sánchez Sánchez, por cierto al renunciar a la magistratura en noviembre pasado, acusó “persecución” y una “narrativa” en su contra. Esa “narrativa”, como él la llamó, hoy tiene cifras específicas del órgano fiscalizador del estado de Puebla. Las matemáticas y los datos judiciales no son hoy sus aliados.
El su informe sobre la Cuenta Pública 2021, la ASE enlista que hay 668 millones 54 mil 298 pesos, que no fueron comprobados adecuadamente por la falta de documentos sobre facturas de pagos a personal; también 109 millones 417 mil 127 pesos de transferencias bancarias “sin documentación comprobatoria”.
Asimismo, se da cuenta de 66 millones 440 mil 954 pesos, sin documentación que compruebe el pago de servicios y operaciones contratadas; sin justificar, el órgano detectó 44 millones 694 mil 443 pesos en el concepto de productos, gastos e ingresos.
Se da cuenta de que no se entregó la documentación comprobatoria de 30 millones 289 mil 675 pesos, que se supone fueron erogados para el pago de seguros de 24 vehículos del Poder Judicial.
Y por falta de facturas de contratos, hay un posible daño por 20 mil 928 pesos.
El impacto con posible daño patrimonial es en todos los rubros, en todas las áreas, en todos los montos, pero apenas de un año: 2021. El paso de Sánchez por el Poder Judicial fue más largo y las revisiones todavía no se agotan, ni por la ASE ni por otras instituciones.
Se trata de un poder de una de las 32 entidades federativas y el monto rasguña los mil millones de pesos. Sin precedentes.
Hay que tener perspectiva para entender el peso de este caso: la llamada Estafa Maestra, uno de los presuntos desfalcos más graves en la historia del país, reporta 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales en los que participaron 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios.
Las acciones que debe completar la ASE están en marcha y de ahí se desprenderán las denuncias que posiblemente deban presentarse en los ámbitos administrativos y penales.
Héctor Sánchez Sánchez es el principal responsable de solventar esas observaciones, como también lo será de las sanciones a las que haya lugar, como muchos otros funcionarios, algunos incluso ya con denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
A la luz del informe que presentó la ASE a mediados de marzo y que fue reportado por medios de comunicación estatales y nacionales días después, hoy queda claro que la narrativa de que se trataba de una “narrativa” -disculpará la redundancia- ha quedado sepultada por los datos y los números.
