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En México, pagar con un billete falso, aun sin saber que lo es, puede acarrear una condena mínima de cinco años en una cárcel de alta seguridad.
En México hay 196 personas en la cárcel por hacer circular billetes falsos, si bien en 176 de los casos los acusados intentaron distribuir más de tres billetes apócrifos, según el portal de noticias Animal Político.
Uno de los casos emblemáticos es el de Esperanza Reyes Aguillón, quien en 2011 fue condenada a cinco años de cárcel por intentar usar un billete falso de 100 pesos (7,42 dólares) y quien el pasado miércoles recibió la libertad anticipada por un indulto del presidente Enrique Peña Nieto.
Esperanza, una mujer de escasos recursos originaria del estado central de San Luis Potosí, y quien no sabe leer ni escribir, quiso pagar una libreta en una papelería con un billete falso.
La encargada avisó a la policía y Esperanza fue condenada por tener una “actitud sospechosa” y mostrarse nerviosa en cuanto llegaron los agentes.
El abogado de Esperanza, José Mario de la Garza, comentó en entrevista con Efe que se encargaron el caso cuando la hermana de la acusada acudió a la fundación Renace, que se dedica a defender a personas injustamente encarceladas.
El proceso de Esperanza estuvo plagado de inconsistencias desde el principio. Bastó con considerar que tuvo una “actitud sospechosa” para condenarla, y los billetes falsos que supuestamente portaba fueron quemados cuatro días después de su arresto, por lo que nunca se usaron como evidencia durante su juicio.
“Dijeron que Esperanza estaba nerviosa cuando llegó la policía, pero ¿quién no se pone nervioso cuando en este país llega la policía?. No nos parece que la actitud del juez fuera razonable ante una persona completamente indefensa, en una situación de abuso por todas partes”, comentó De la Garza.
“Después de detenerla se le asignó un defensor de oficio que no hizo nada en el proceso y esto ocasionó que le dictaran una sentencia de 5 años. En principio ella estaba presa en San Luis Potosí y luego se dieron una serie de traslados en total violación a sus derechos y acabó en las Islas Marías”, comentó De la Garza.
Esperanza pasó once meses en la remota cárcel federal de las Islas Marías, en la costa del Pacífico, donde no pueden acercarse los barcos, pero fue trasladada de vuelta a San Luis Potosí hasta principios de año.
“Hicimos un vídeo del regreso de Esperanza a la cárcel de San Luis Potosí. Yo llevé a sus hijos y ella estaba muy contenta de verlos, de regresar, como si ya hubiera estado en libertad”, dijo el abogado.
Tras el regreso de Esperanza a su estado natal, se realizó una petición de indulto a Presidencia de la República como último recurso, ya que ante el poder judicial el caso estaba cerrado.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Jorge Vega, dijo que apoyaron moralmente a Esperanza durante el proceso, pero que el caso pertenecía a la instancia federal de la comisión.
“En este último tramo acompañamos a Esperanza por medio de la fundación Renace porque la señora tenía derecho a pedir el indulto o un beneficio de libertad anticipada, pero aquí hay una diferenciación de fuero, porque el caso lo conoció un juzgado de distrito y es una autoridad federal”, señaló Vega.
La petición de indulto tuvo gran eco en el país. En la página de activismo cibernético change.org, se reunieron más de 19.000 firmas pidiendo que el presidente revisara el caso.
“La gente se solidarizó con Esperanza por el sentimiento de los ciudadanos comunes y corrientes de que esto le puede pasar a cualquiera, de cómo hay políticos que roban millones de pesos y no les pasa nada y Esperanza acabó en las Islas Marías por un asunto completamente irrelevante”, agregó José Mario de la Garza.
El defensor de Esperanza también comentó que estaban “contentos y sorprendidos” por la rapidez con que el presidente resolvió el caso. También dijo que Esperanza ya está libre y con sus dos hijos, de 8 y 10 años.
Otro caso en el que también se pidió en indulto presidencial es el de David Herrera, quien intentó pagar en un mercado con un billete falso de 500 pesos (37 dólares). También fue condenado a cinco años de prisión pero su caso no se ha resuelto.
Según De la Garza, “el código penal impone la misma sanción al que utiliza un billete falso y al que los produce, los fabrica y los distribuye”.
“Estos casos menores no deberían de ser considerados un delito, simplemente debería establecerse que el billete se cancela”, agregó el letrado.
