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Motín en penal de Tuxpan deja siete muertos; reclusos denuncian extorsiones del Grupo Sombra

Autoridades retomaron el control del pena tras 12 horas de disturbios

Motín en penal de Tuxpan deja siete muertos; reclusos denuncian extorsiones del Grupo Sombra

Motín en penal de Tuxpan deja siete muertos; reclusos denuncian extorsiones del Grupo Sombra

Un motín violento en el penal de Tuxpan, Veracruz, dejó un saldo de siete personas muertas y once heridas, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal. La rebelión estalló la noche del sábado 2 de agosto de 2025 en el Centro de Reinserción Social (Cereso) del municipio, tras una serie de denuncias por extorsiones y abusos cometidos por el grupo criminal conocido como Grupo Sombra.

Los internos tomaron el control del penal durante más de 12 horas, incendiaron objetos dentro del centro y grabaron videos difundidos en redes sociales, en los que denunciaron los abusos cometidos por la organización delictiva. En una de las grabaciones, un hombre identificado como Alonso Delgado afirmó haber controlado el penal a nombre del grupo, señalando que el Grupo Sombra maneja cobros de cuotas, ingreso de drogas y amenazas, incluso con la supuesta complicidad de autoridades penitenciarias.

Los enfrentamientos dejaron once heridos, a quienes trasladaron a hospitales cercanos. Las autoridades realizaron un operativo coordinado con la Guardia Nacional, Marina y Sedena, logrando restablecer el orden alrededor de las 09:00 horas del domingo y extinguir por completo los incendios provocados durante los disturbios. Tres internos, que identificaron como líderes del motín fueron trasladados al penal de Pánuco.

La crisis penitenciaria en Tuxpan ocurre en un contexto de creciente violencia en Veracruz, donde casos recientes, como el asesinato de una taxista que se negó a pagar extorsiones o el ataque armado a otro conductor dentro de un hospital, reflejan el control territorial de grupos criminales como la Mafia Veracruzana y el Grupo Sombra.

Hasta el momento, el gobierno estatal, encabezado por Rocío Nahle García, no ha emitido postura sobre los señalamientos que involucran a funcionarios penitenciarios en actividades criminales. Organizaciones de derechos humanos y familiares de los internos han exigido una investigación transparente y castigo a los responsables.