La megamarcha –de ayer– que Antorcha Campesina (AC) convocó para protestar contra la verificación vehicular, acabó siendo una movilización deslucida y sin el más mínimo impacto que se quería provocar. Ello es una muestra de que la organización pasa por su peor momento, que está en crisis, por una razón de peso: lleva cuatro años con “una sequía presupuesta” y un bienio con las cuentas bancarias congeladas, en dos de sus bastiones que son Puebla y el Estado de México. Una situación que rompe con su esquema de control social y político.
Una de las características esenciales de la política social impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue eliminar el intermediarismo entre programas gubernamentales y los beneficiarios. En el actual sexenio se creó un esquema en ya no hay cabida para los llamados gestores, “coyotes”, promotores, facilitadores, que antes eran el conducto para hacer llegar dinero público a comunidades y pobladores en condiciones vulnerables.
Era un modelo corporativo que en los gobiernos del PRI y el PAN provocó, según se expuso en una evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social, que de cada 10 pesos destinados a las familias pobres del país, se perdían entre 3 y 4 pesos, que quedaban en manos de los gestores o intermediarios.
Antorcha Campesina en particular desarrolló un esquema en el cual tenía dos rutas para hacerse llegar de altas sumas de recursos públicos:
Primera: era ganar elecciones municipales postulando a candidatos de la organización, pero cuando se trataba de ejercer los presupuestos en los ayuntamientos antorchistas las obras y los recursos públicos quedaban bajo el control de los dirigentes de AC, que nunca eran parte de los gobiernos locales.
Segunda: AC en cada sexenio presentaba un pliego petitorio ante el gobierno estatal en turno consistente en una larga lista de proyectos de obras y servicios en comunidades en donde tiene presencia –no necesariamente donde gobernaba–, pero con la condicionante de que los presupuestos no se entregaban a los ayuntamientos, sino se transferían directamente a la organización que se encargaba de ejecutar los planes de infraestructura o de programas sociales.
¿Qué pasaba cuando los gobiernos no accedían a esos reclamos? Era cuando AC hacía sentir su fuerza y podía movilizar fácilmente a 10, 20 o 30 mil afiliados, además de hacer plantones que podían durar meses, como el que realizó al final de la gestión de Mario Marín, que durante caso medio año bloqueó Casa Aguayo, la sede oficial del Poder Ejecutivo.
Esa forma de presión le permitió a AC someter en su oportunidad a los gobernadores Guillermo Jiménez Morales, Mariano Piña Olaya, Melquiades Morales Flores y Mario Marín Torres.
Mientras que con Manuel Bartlett Díaz esa forma de gestión derivó en un fuerte enfrentamiento entre el entonces gobernador y la agrupación campesina, que militaba en el PRI. El mandatario fue el primero que se negó a entregar fondos públicos directos a AC.
Con el gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas se llegaron a acuerdos y negociaciones políticas, como fue el hecho de que AC por primera vez tuvo un diputado federal –por medio del PVEM–, que salió del distrito de Atlixco, luego de que el morenovallismo doblegó al PAN para que ganaran los antorchistas.
Esa forma de existir de AC se topó con un muro sólido e impenetrable, que ha sido la 4T.
El presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó toda posibilidad de intermediación en los programas sociales federales.
Y Luis Miguel Barbosa Huerta, en su periodo como gobernador morenista de Puebla, no cedió a la presión de dar fondos públicos a Antorcha Campesina.
El golpe mayor fue cuando, en octubre de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal –en esa época a cargo de Santiago Nieto Castillo– congeló unas 400 cuentas bancarias de AC, pues se detectó un monto de 2 mil 810 millones de pesos de fondos de los que se ignoraba su procedencia.
Desde entonces hay una investigación abierta en la Fiscalía General de la República en contra de los principales dirigentes antorchistas de la Ciudad de México, Puebla y el estado de México. Se ignora cual ha sido el curso de esas indagatorias.
Para el caso de Puebla, la UIF habría bloqueado 10 cuentas bancarias, luego de encontrar entre otras posibles anomalías que entre los años 2010 y 2022 los dirigentes de la agrupación tuvieron manejos de dinero en efectivo por el orden de los 658 millones de pesos, de los que se ignora su origen.
Todos los anteriores componentes han provocado una severa “sequía presupuestal” en Antorcha Campesina.
Que se refleja en la perdida de su capacidad de movilización de masas y presión política a los gobiernos en turno.
Por eso ayer no llegaron a la marcha convocada los miles de transportistas que se anunciaron.
Y solo caminaron entre 2 y 3 mil militantes, cifras muy alejadas de las megamarchas de muchos miles que acostumbraba a hacer esta organización.
