Aunque había trascendido lo contrario, hoy el Consejo de la Judicatura anunció que apoya y respalda la reforma al Poder Judicial enviada por el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, al Congreso local.
A través de un comunicado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Héctor Sánchez Sánchez, informó su apoyo irrestricto a la iniciativa, la cual calificó como constitucional.
La misiva incluye el aval de Joel Sánchez Roldán, presidente de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, así como de Jared Albino Soriano Hernández, presidente de la Comisión de Disciplina.
En el documento se puede leer “Reconocemos la necesidad de una reforma de gran calado al sistema de Justicia Estatal, y por ello expresamos el apoyo a la reforma Constitucional presentada por el titular del Poder Ejecutivo al Congreso del Estado. Igualmente seguiremos con atención el debate legislativo correspondiente”.
Lo anterior se dio debido a que, supuestamente, Héctor Sánchez Sánchez habría convocado a una reunión a integrantes del Consejo de la Judicatura con el fin de preparar y tramitar una acción de inconstitucionalidad por la reforma del gobernador.
Y es que, de acuerdo con la propuesta del mandatario estatal, la reforma judicial entregada al Poder Legislativo permite la destitución de los magistrados por parte del Congreso local, lo que abriría la puerta a la destitución de Sánchez Sánchez.
Asimismo, admite la creación de la Sala Constitucional que se encargará de resolver las acciones de inconstitucionalidad en el estado.
Asimismo, el documento en poder del Congreso establece, en sus artículos transitorios, un plazo de 120 días para que el Consejo de la Judicatura inicie los procesos de remoción de todos los servidores públicos del Poder Judicial con familiares y amigos trabajando dentro del mismo.
Acota el periodo del cargo de magistrados a 15 años, aunque esto no aplica para los que ya están en funciones, debido a que la ley no es retroactiva.
La propuesta del gobernador Miguel Barbosa también obliga a los magistrados y a los trabajadores del Poder Judicial a firmar una declaración de conflicto de intereses.
