El pasado 25 de febrero, Concepción Galván Escalante de 25 años sintió dolores en su vientre. Acudió a un hospital de la Cruz Roja en el puerto de Veracruz y detectaron que estaba embarazada. Ella no lo sabía. Horas más tarde fue acusada de homicidio doloso. La joven es voceadora de un periódico local.
Ese día se presentó al hospital y fue recibida por dos paramédicos, quienes la condujeron a la sala de urgencias. Concepción sintió la necesidad de ir al sanitario y tuvo un parto fuera de las condiciones médico sanitarias óptimas. En Veracruz, el aborto es considerado un delito. Sin embargo hay algunas cláusulas del Código Penal estatal en las que la interrupción del embarazo no es punible.
Aunque, si bien está despenalizado, el aborto culposo, por violación, inseminación artificial no consentida, por peligro de muerte, porque el producto posee alteraciones graves, no están reglamentados los procedimientos para realizarlo. De acuerdo con la organización ASILEGAL, Concepción fue denunciada ante el Ministerio Público a pesar de que su estado de salud era delicado.
Se le acusó de homicidio doloso y el 5 de marzo pasado le dictaron auto de formal prisión, a pesar de que en las pruebas existentes no se demuestra que la joven haya cometido delito alguno. El dictamen oficial Certificado del Médico Forense dice: “No existe evidencia física que permita establecer que el parto fue provocado”.
Sin embargo, aun con todo el caudal probatorio, a la fecha no se ha resuelto la situación jurídica de la joven, violentando de esta forma sus garantías consagradas en la Constitución y sus derechos humanos. Con el hashtag #LiberenaConcepción, organizaciones e internautas buscan que se le haga justicia a la madre soltera.
Asimismo piden firmas para una petición de liberación dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto; al Secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, y al Gobernador de la entidad Javier Duarte Ochoa. El organismo de derechos humanos argumenta que el Juez Tercero de Primera Instancia de Pacho Viejo, Veracruz, tiene la obligación de dictar un auto que justifique la detención de Concepción en un plazo de 144 horas.
Sin embargo, la joven lleva privada de su libertad más de 5 mil horas sin él. Después que le dictaran formal prisión se interpuso amparo en contra, el cual se hizo del conocimiento del Juzgado Cuarto de lo Penal con sede en Boca del Río, Veracruz, donde ASILEGAL asumió la representación de Concepción y presentó una ampliación de conceptos de violación, respecto a la deficiente valoración de las pruebas, las cuales demuestran la inocencia de Concepción.
El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz concluyó que las violaciones precisadas fueron suficientes para conceder el amparo presentado por ASILEGAL y ordenó que la autoridad responsable, dejara insubsistente el auto de formal prisión del 5 de marzo de 2013, y repusiera el procedimiento, otorgando nuevamente el término constitucional ampliado para presentar pruebas. Sin embargo, desde febrero, Concepción ha permanecido privada de la libertad, sin que se le dicte un Auto de Término Constitucional.
La ley establece que este auto debe producirse dentro de las 72 horas. Estuvo recluida primero en el “Penalito” del Puerto de Veracruz y luego fue trasladada al Centro de Readaptación Social de Tuxpan. Finalmente, el pasado 3 de junio, el director general de Reinserción y Readaptación Social en el Estado ordenó el traslado de Concepción al CERESO de Pacho Viejo en Xalapa, esto después de que el juzgado que tenía conocimiento de la causa penal solicitará una prórroga de jurisdicción.
“El caso de Concepción es un claro ejemplo de violencia hacia la mujer e indolencia de las autoridades, así mismo hace notar la inobservancia a los tratados internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) respecto al acceso a la justicia. Denunciamos la mala actuación de las autoridades veracruzanas y exigimos respeto irrestricto a los derechos de Concepción Galván, así como su liberación”, publica.
