Las críticas del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en contra del que fuera su secretario de Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado, por los millones de pesos que su administración ha pagado por juicios perdidos de trabajadores que fueron despedidos por dependencias de gobierno y organismos públicos descentralizados, no parece ser el único motivo para desacreditarlo, pero sí el más efectivo para dejarlo fuera de la selección de candidatos de Morena en el 2024.
Abelardo Cuéllar, quien era uno de los contados militantes de Morena que el gobernador Barbosa integró a su gabinete en agosto de 2019, está siendo considerado por algunos actores nacionales para abanderar a este partido en un importante cargo de elección popular.
Y esta parece ser la razón de la nueva andanada del Ejecutivo del estado en contra de su ex secretario del Trabajo y de la circular enviada a varias dependencias para que informen en qué litigios laborales tiene interés el despacho jurídico de Abelardo Cuéllar.
La verdad es que desde que el gobernador Barbosa anunció su nombramiento, éste provocó suspicacias, por tratarse de un reconocido abogado de trabajadores y cuyo despacho estaba a cargo de la defensa jurídica de cientos de ellos, despedidos en el sexenio de Rafael Moreno Valle.
De hecho cuando Cuéllar rindió protesta, el 60 o 70% de tales juicios por despido injustificado estaban ya perdidos e incluso con laudos condenatorios al gobierno.
Consciente del conflicto de interés, el mismo Abelardo Cuéllar se separó de su despacho nombrando como director administrador a José Adolfo Gallardo Carro, y a su hijo Ramón Abelardo Cuéllar González como representante legal.
El caso es que los juicios continuaron y la gran mayoría de éstos los perdió el gobierno en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal de Arbitraje y los Tribunales laborales, por lo que la actual administración ha pagado más de 230 millones de pesos.
Frente a esta sangría y cientos de juicios perdidos y laudos pendientes de ejecución, el gobierno barbosista ha intentado negociar la reinstalación de los trabajadores despedidos pero sin pagarles sus prestaciones y salarios caídos a que tienen derecho.
Por supuesto que esas negociaciones han fracasado, por lo que ahora el Ejecutivo busca fincar responsabilidades a quien fuera su secretario del Trabajo y a los responsables de las áreas jurídicas del gobierno que no supieron o no pudieron ganar esos juicios, acusándolos públicamente de incompetentes.
EN CORTO
Si de por sí el ambiente social en Puebla era complicado por el creciente número de asesinatos y personas desaparecidas, y el uso faccioso de las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, el homicidio doloso de la activista, abogada y defensora de mujeres violentadas Cecilia Monzón Pérez enciende focos de alerta sobre la inseguridad y la incapacidad de los cuerpos policiacos de la entidad para contenerla.
El asesinato de Cecilia Monzón es noticia de medios nacionales e internacionales, que ya investigan los casos que la activista de Cholula atendía y que involucran a políticos del pasado y presente en juicios de abandono, pensiones alimenticias y violencia de género.
Ojalá esta cobarde ejecución se atienda con la misma premura de otros delitos, como el robo de los instrumentos y el equipo de sonido de la banda de rock Moderatto con motivo de su participación en la Feria de Puebla.
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Esta semana se conocerán noticias relevantes que opacarán los nombramientos de Amanda Gómez Nava en la Auditoría Superior del Estado (ASE) y de su sucesor en la Secretaría de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle Abdala.
Por lo pronto le adelanto que un juez federal resolverá entre el miércoles y el viernes los amparos que promovió la defensa de Francisco José Romero Serrano sobre su detención y remoción de la ASE.
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