Un verdadero golpe a la descentralización educativa contiene la Ley de Coordinación Fiscal al transformar el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) en Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone).
De aprobarse en la Cámara de Diputados como parte del paquete económico, la Federación cierra la pinza, y de paso la llave de los recursos económicos, para acotar el poder del SNTE y terminar con privilegios en los estados.
La propuesta de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal del gobierno federal termina con la doble negociación salarial y millonarios fondos en prestaciones que las secciones sindicales le arrebatan a los gobierno de los estado cada año.
El solo traslado del manejo de los recursos financieros superiores a 300 mil millones de pesos anuales al gobierno federal a través de la Tesorería, dejará en la orfandad a toda una maquinaria administrativa en las secretarias de Educación Pública y de Finanzas en los estados para el pago de nóminas a los trabajadores de la educación.
En un juego de intereses consentidos y negociados entre las dirigencias seccionales de la 23 y 51 del SNTE con privilegios en el manejo financieros de fondos de prestaciones sociales adicionales a los suscritos en el CEN del SNTE con la SEP federal y los seccionales con los gobiernos estatales, harán agua.
Son cientos de millones de pesos que los gobierno estatales han acordados los gobernadores con el poderoso sindicato magisterial, 200 millones de pesos en capacitación en idiomas y habilidades digitales, por ejemplo, entre otros, dependerán ahora del control federal.
De aprobarse la enmienda a la Ley de Coordinación Fiscal, los gobiernos estatales deberán recurrir a sus ingresos propios para cumplir con obligaciones contractuales contraídas con los seccionales del SNTE, pero la federación no aportará un peso más.
En el ámbito político, con la recentralización se termina con las relaciones de poder entre el SNTE y los gobernadores, terminando con los privilegios económicos, una vez que la SEP federal controla las relaciones laborales contractuales a través de la recién aprobada Ley de Servicio Profesional Docente.
