Un nuevo frente se ha abierto contra José Francisco Romero Serrano, quien está suspendido temporalmente como auditor general del estado, pues se habría iniciado en su contra una investigación que alcanza su entorno familiar, de colaboradores y amigos. El objetivo sería encontrar posibles anomalías en el orden financiero.
La situación del titular de la Auditoria Superior del Estado (ASE) cada vez se vuelve más compleja, lo que reduce en mucho las posibilidades de que pueda regresar al cargo, en el que duró 32 meses.
El auditor más importante del estado enfrenta cuatro frentes, que son los siguientes:
Primero: el que ya es de dominio público, que es la acusación por presunta violencia intrafamiliar que provocó su suspensión –el lunes de la semana pasada– como encargado de la fiscalización de los fondos públicos en la entidad poblana.
Por este procedimiento, por ahora, no se plantea la posibilidad de que acabara siendo destituido.
Aunque ya perdió un amparo para anular la sanción provisional que dictó en su contra el Poder Legislativo.
Segundo: se sabe que la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operación de Recursos de Procedencia Ilícita –es decir lavado de dinero—habría iniciado una revisión de las cuentas bancarias, gastos y propiedades de la madre de Romero Serrano, quien es una mujer de 90 años de edad.
Así como contra sus hijos, colaboradores –en la ASE y empresas privadas—y hasta algunos amigos cercanos al auditor.
El objetivo de la Fiscalía General del Estado sería revisar si la situación económica del auditor cambió de manera significativa desde que, el 29 de mayo de 2019, fue electo como titular de la ASA, con 27 votos a favor de diputados principalmente de Morena, 10 legisladores en contra y dos abstenciones.
Se dice que incluso se estaría revisando hasta las finanzas de su padre, quien falleció hace 7 años, como una manera de detectar operaciones financieras que no sean normales antes de que llegara al puesto en cuestión.
Tercero: se sabe que se estarían reactivando algunas quejas que ex alcaldes habrían hecho acusando a Romero Serrano de presuntamente condicionarlos, con la compra de bienes y servicios, para poderles aprobar de manera satisfactoria sus cuentas públicas.
Cuarto: el frente más importante que tiene en su contra, es que ya existe un divorcio entre José Francisco Romero Serrano y el grupo político en el poder, el mismo que lo llevó a convertirse en el titular de la ASE, luego de que ya había sido candidato a ese cargo en noviembre de 2011, cuando se designó en dicha responsabilidad a David Villanueva Lomelí.
Se sabe que Romero Serrano está dispuesto a dar la batalla legal argumentando que no lo pueden destituir antes de concluir su periodo oficial, mismo que termina hasta el próximo sexenio.
Y que hay una serie de lagunas legales que no hacen fácil la remoción de quien encabeza la ASE.
Sin embargo, nunca se ha conseguido que un auditor se mantenga al frente del órgano de fiscalización sin tener una buena relación con el grupo en el poder, el cual siempre tiene la mayoría en el Congreso local.
El único que buscó romper con ese esquema fue Víctor Manuel Hernández Quintana, un personaje que era cercano al ex gobernador Mario Marín Torres y entró en colisión con el morenovallismo.
El 13 de octubre de 2011, la fracción parlamentaria del PAN, que en ese entonces controlaba la mayoría del Congreso del estado, acusó que Hernández Quintana tenía una bodega no oficial en donde había ordenado reguardar mucha de la documentación de la última cuenta pública de Mario Marín.
Un día después, un envalentonado auditor declaraba que no buscaría un amparo contra la investigación que había en su contra en la Fiscalía General del Estado, tras sostener que era legal el uso de la bodega que detonó el conflicto.
7 días después, el mismo personaje pagó planas enteras en la prensa nacional para defender la autonomía técnica y de gestión de la ASE para decidir su organización interna, que incluía tener una bodega fuera de los recintos oficiales de la Auditoría Superior del Estado.
Un día después, sin dar mayores explicaciones, presentó su renuncia de manera definitiva y se desistió de todo procedimiento de defensa a su favor.
Queda claro: entendió que la podía ganar al Congreso el asunto de la bodega, pero más adelante no iba a sobrevivir con la mayoría legislativa en su contra.
