El Agente del Ministerio Público que llevó el caso del presunto fraude a casi siete mil ex trabajadores de la extinta Ruta 100, acusó al ex perredista Andrés Manuel López Obrador, a Marcelo Ebrard Casaubón y al actual Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, de hostigarlo, intimidarlo y cesarlo de sus funciones para impedir que consignara a 43 culpables que encontró en su investigación.
José Guadalupe Carmona Loaiza, ex agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros, no tuvo empacho en acusar en la sede de la Comisión de Derechos Humados del Distrito Federal (CDHDF) a los dos ex Jefes de Gobierno, López Obrador y Marcelo Ebrard, así como al actual mandatario Mancera de obstruir la justicia a miles de trabajadores.
“El asunto lo tomé en 2001 y mientras estaba recabando la información no había problema. El problema empezó cuando fue llegando y yo fui girando oficios y al ver que era muy seria, me llamó el procurador Bernardo Bátiz Vázquez y me solicitó que mandara la averiguación previa al no ejercicio, ante la negativa, me cambiaron de departamento y empezaron a hostigar”, dijo Carmona Loaiza.
El abogado aseguró que él llevó la investigación entre 2001-2012, pero no de forma continua, pues después de negarse a la petición de Bátiz Vázquez y de la gente cercana a López Obrador salió del caso y fue reasignado a otras áreas.
“En el caso de Andrés Manuel iba su secretaria particular directamente a ver el asunto conmigo, porque había la instrucción de que no avanzara. Yo ya tenía en tres años de investigación todas las pruebas para consignar”, dijo. El ex agente del Ministerio Público dijo que encontró pruebas de en el caso de la Ruta 100 se cometió un fraude y que por daños y perjuicios los culpables debían alrededor de 15,000 millones de pesos.
“A mí no me dejaron consignar a 43 personas, entre ellos lo líderes: Ricardo Baco López, Gabino Camacho Barrera, Leonel Villafuerte Zabala, José Fernando García Guzmán y el Comité Técnico, así como al delegado fiduciario”, reveló.
Entre las pruebas que encontró se acredita el fraude genérico, explicó, pues engañaron a las víctimas haciéndoles creer que serían socios de varias empresas, sin embargo, las actas constitutivas estaban sólo a nombre de los defraudadores.
“La fiduciaria no constituye las empresas, las constituyen los defraudadores y de manera indirecta la fiduciaria es la socia. Las víctimas no tenían ningún control”, narró.
Después del primer cese durante el gobierno de López Obrador, a petición de los ofendidos el abogado volvió a tomar el caso, pero de nueva cuenta se enfrentó a las presiones del gobierno perredista de Marcelo Ebrard.
Cuando salió Andrés Manuel yo creí que a lo mejor salía este caso, pero me encontré que no, primero con Miguel Ángel Mancera como Procurador y después tuve entrevista personalmente con Jesús Rodríguez Almeida cuando él fue nombrado Procurador de Justicia y me dijo que no era viable la consignación, porque él consideraba que estaba prescrita”, dijo.
Finalmente cuando el ex agente se negó a las peticiones del gobierno en turno, en mayo de 2012 fue cesado definitivamente de la PGJDF.
“Yo no pude tener el caso de manera continua, porque el método era poner a uno y a otro Ministerio Público. Cuando el agente ya más o menos estaba conociendo el caso, lo quitaban y ponían a otro. Yo finalmente fui cesado”, dijo.
Después de que el abogado salió de la procuraduría capitalina, enfrentó hostigamiento por parte de las autoridades.
“Me empezaron a llegar procedimientos administrativos. En siete años yo tenía limpio mi expediente, pero me fabricaron averiguaciones previas que no han procedido. Hace un año me buscaron mucho en mi casa, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Judicial. Tuve mucho miedo a represalias. Los agraviados del caso me buscaron y me pidieron que los apoyará aquí en la Comisión de Derechos Humanos y aquí estoy”, indicó.
