Si hay una dependencia atípica, que se sale de la identidad de 4T e incluso actúa a contracorriente del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que ha jugado a defender los intereses privatizadores del agua en el estado de Puebla, lo que ha significado un fuerte retroceso frente a la promesa trazada por el movimiento lopezobradorista en 2018 de frenar la mercantilización del líquido.
Algo especial ocurre en Conagua que para el caso de Puebla siempre sale a defender los intereses privados que han convertido el agua en una mercancía, por arriba de la visión de que el líquido es un derecho humano, que se supone es parte del ideario de la 4T.
En ese sentido, la Conagua ha jugado a ser una fuerte aliada de empresas como Concesiones Integrales y Bonafont, que han provocado problemas sociales y graves daños ambientales, sin que se perciba el más mínimo interés de revertir el trato favorable que se les concedía desde los gobiernos del PRIAN.
Todos contentos con la privatización
El comportamiento de Conagua se puede percibir en dos episodios muy significativos:
Un primer suceso ocurrió en octubre de 2020, en Palacio Nacional y frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando la entonces titular de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, informaba de los municipios que estaban siendo asesorados por el gobierno federal para revertir procesos de privatización del agua durante las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. De manera súbita, la funcionaria eliminó de ese listado a la ciudad de Puebla.
Como una manera de justificar el dejar fuera a Puebla, Jiménez Contreras le informó al presidente que en la Angelópolis –durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas– únicamente se había privatizado el saneamiento de aguas residuales y que en general, había conformidad social con el servicio de agua potable.
Es decir, la funcionaria negó la existencia de todo el proceso de privatización del agua que emprendió el gobierno panista de Rafael Moreno Valle Rosas en 2014 y que a lo largo de los últimos 7 años ha generado un fuerte clima de malestar social contra Concesiones Integrales, por los múltiples abusos cometidos por dicha compañía, que entre otros agravios se ha negado a operar 17 plantas de tratamiento de agua residuales y eso ha significado el aumento de la contaminación de los ríos de Puebla.
Obviamente la entonces titular de Conagua de un plumazo eliminó los agravios provocados por Concesiones Integrales como es el corte de suministro a 100 mil usuarios, el aumento de hasta 400 por ciento a las tarifas del servicio y el incremento en la escasez del líquido. Aunado a que la empresa no cumplió con las inversiones comprometidas para modernizar y ampliar la red hidráulica de Puebla.
Poco importó a Conagua que Juan Diego Gutiérrez Cortina, uno de los constructores consentidos por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, es uno de los principales beneficiarios de Concesiones Integrales, pese a que la gestión de López Obrador ha fustigado la entrega de bienes públicos durante el periodo neoliberal del país.
Queda claro que la intervención de Blanca Jiménez Cisneros parecía ser una defensa a ultranza de Concesiones Integrales, pese a que en 2018 el movimiento lopezobradorista ofreció acabar con la privatización del agua.
Ahora Blanca Jiménez es embajadora de México ante el gobierno de Francia y cuando se fue de México, en la 4T la despidieron como una las grandes expertas en temas de sociales relacionados con el agua. ¿Será?
El socavón
Germán Martínez Sontoyo sustituyó en la dirección de Conagua a Blanca Jiménez en abril de este año. Los principales antecedentes de este nuevo funcionario es que dirigió el Sistemas de Aguas de la Ciudad de México en la gestión de López Obrador como gobernante de la capital y en años más recientes, encabezó el Organismo de Cuencas Centrales de la Comisión Nacional del Agua.
Resulta sorprendente que el domingo pasado, siguiendo los pasos de su antecesora, Martínez Sontoyo saliera a defender los intereses comerciales, inmobiliarios e industriales que han generado la sobreexplotación del manto acuífero del Valle de Puebla.
Conagua, sin exhibir pruebas de que realizó algún estudio técnico a conciencia, emitió una opinión de que el socavón de Santa María Zacatepec es “un fenómeno natural” que nada tiene que ver con la desmedida explotación de las reservas de agua que se forman por los escurrimientos del volcán Popocatépetl.
Dicha versión parece tener una destinataria, que es la empresa Bonafont, del grupo francés Danone, que ha generado un fuerte malestar social en la región por la sobreexplotación de sus pozos que a decir de los pobladores ha desatado una fuerte escasez de agua potable. La aparición del socavón aumentó el enojo popular contra la embotelladora, que lleva varias semanas clausurada por activistas y la autoridad municipal.
El documento de Conagua sobre el socavó que se entregó el domingo al Poder Ejecutivo de Puebla parece querer lavarle el rostro a Bonafont y no aclarar las causas reales de esa enorme oquedad.
Otra vez Conagua antepone el interés empresarial por encima del cuidado medio ambiental y de los derechos de la gente.
