Hacienda presentará otra denuncia por evasión y defraudación fiscal; el subprocurador Alfredo Castillo adelanta que nueva información permitiría más consignaciones.
En la operación para detener a todo el entorno financiero de la maestra Elba Esther Gordillo, la Procuraduría General de la República (PGR) estrechó el círculo con la detención, ayer, de un contador que trabajaba directamente con el tesorero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Ante el juez Sexto de Distrito fue presentado Edgar Rodríguez, contador de Elba Esther Gordillo y quien forma parte del equipo de Francisco Arriola, tesorero del sindicato magisterial.
Rodríguez es el quinto acusado por lavado de dinero en el caso de la maestra y se negó a rendir declaración preparatoria.
En el sindicato existe temor de que otra de las personas que puedan ser acusadas sea Héctor Hernández, a quien Nora Ugarte e Isaías Rodríguez reportaban directamente; lo mismo que Francisco Yáñez ex director de la Lotería Nacional y que durante muchos años manejó las finanzas de Sindicato.
La situación jurídica de la profesora Elba Esther Gordillo, y de las personas que se encuentran detenidas con ella, se agravará en los próximos días.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formalizará ante el Ministerio Público una nueva denuncia por los delitos de evasión y defraudación fiscal en contra de la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y los demás implicados. El ilícito se habría cometido sistemáticamente al menos desde el año 2009.
Gordillo sólo reportó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que en los últimos tres años percibió ingresos por un millón 100 mil pesos; sin embargo, como las investigaciones han ido evidenciando, tan sólo en una tienda departamental invirtió en el mismo lapso casi 40 millones de pesos.
Se trata, de acuerdo con autoridades ligadas a la investigación, de violaciones a los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, delitos que se sancionan con una pena de tres a nueve años de prisión.
Las investigaciones, que iniciaron en diciembre de forma conjunta la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la Unidad para la Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, ya permitieron proceder penalmente en contra de Gordillo y tres personas más por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Lo anterior, luego de que se verificó que Gordillo Morales y sus cómplices operaron de forma conjunta para extraer casi dos mil millones de pesos de dos cuentas del SNTE, para luego ser dispersados a cuentas de personas y empresas en México y en el extranjero.
Aunque los recursos sindicales no son auditables, las personas que se beneficiaron con estas ganancias millonarias sí incurrieron en un delito, pues gastaron cantidades de dinero que no tienen proporción con los sueldos que percibían, y que no fueron reportadas al SAT.
El Artículo 108 del referido código sobre defraudación fiscal, subraya que este se puede investigar de forma paralela con las operaciones de lavado de dinero contempladas en el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal, pues ambos se cometen prácticamente de forma simultánea.
“Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, indica el Código Fiscal de la Federación.
Además de Gordillo, se encuentran actualmente bajo proceso penal por este mismo caso Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez, y José Manuel Díaz Flores.
El día de ayer, en un comunicado la SHCP indicó que presentó una primera denuncia el pasado 13 de febrero ante la PGR por las investigaciones que iniciaron desde diciembre, pero el caso sigue abierto para nuevas imputaciones.
Implicada declara en Hospital Militar
Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, cómplice de Gordillo en las operaciones de lavado de dinero del SNTE, rindió su declaración preparatoria ante autoridades judiciales en las instalaciones del Hospital Central Militar, donde se encuentra internada desde el fin de semana.
Autoridades con conocimiento de la investigación informaron a 24 HORAS que la orden de aprehensión se cumplimentó en el referido nosocomio, en el marco de la causa penal 11/2013-I iniciada en el Juzgado Sexto de Distrito, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Cuando sea dada de alta, la mujer será trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra recluida Gordillo.
De acuerdo con las investigaciones, Ugarte Ramírez realizó más de 70 transacciones bancarias con fondos provenientes de las cuentas del SNTE, y que sirvieron entre otras cosas para el pago de tratamientos estéticos de Gordillo.
Los delatores
Además, de acuerdo con el subprocurador de Procedimientos Penales de la PGR, Alfredo Castillo, existe nueva información aportada por integrantes del magisterio, lo cual podría derivar en más consignaciones.
“La información que han empezado a aportar algunas personas que ya han declarado ante la Procuraduría, hay hechos nuevos, diversos, que en su momento podrían ser integrados y ser objeto de consignación”, dijo en entrevista en el programa El Primer Café, de Proyecto Cuarenta.
El funcionario confirmó además que previo a la detención de La Maestra, la PGR ya había recibido denuncias sobre diversos delitos.
“Hay personas que han hecho comentarios, que anteriormente tenían temor por supuesto de presentar algún tipo de denuncias y que ahora tienen la confianza, no sólo a una institución sino la confianza a no tener algún tipo de represalia por parte de algunas personas para poder dar a conocer hechos al Ministerio Público que puedan ser objeto de investigación”, afirmó.
Niegan amparo contra tortura
Elba Esther Gordillo Morales promovió un amparo ante un juez de Distrito del Primer Circuito para evitar ser torturada o que se atente contra su integridad física.
Bajo el expediente 188/2013, la dirigente vitalicia del SNTE logró que el juez Francisco Javier Sarabia Ascencio, del juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, enviara a un actuario para checar su estado físico.
A través de su defensa, representada en ese amparo por Juan Pablo Badillo Soto, la dirigente magisterial presentó una solicitud desde el pasado martes, día en que fue detenida en el aeropuerto de Toluca, Estado de México.
El juez le otorgó una suspensión resolutiva, porque la argumentación para demandar el amparo es que se violentan sus derechos humanos, por lo cual un actuario debe checar el estado físico.
Además, dentro de los acuerdos del juzgado, publicados ayer, se establece que “debe corregirse” la autoridad en contra de la cual se interpone el juicio de amparo, porque se invoca a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y no a la actual Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO).
Anoche, se informó que el juez desechó la demanda de garantías porque la líder del magisterio no la ratificó.
