Con anticipación, el sobreendeudamiento en nueve estados de la República pretende evadir la nueva disposición que obliga a las autoridades federales, estatales y municipales a difundir la información financiera de sus respectivas administraciones, así como de los fondos de aportaciones federales.
La autoridad competente en este caso sería la Contraloría Federal encargada de supervisar que los recursos se apliquen debidamente y se termine con la opacidad.
La deuda de los estados y municipios suma más de 400 mil millones de pesos, según cálculos de legisladores, basados en datos de la Secretaría de Hacienda federal, lo que equivale al 11% del Presupuesto de Egresos de este año, que es de 3.7 billones de pesos.
Sin embargo, organizaciones civiles estiman la posibilidad de que la deuda sea más grande de la que oficialmente se reconoce debido a la falta de transparencia en el manejo de los préstamos, solicitados en su mayoría a la banca privada.
Además, se han comprobado casos como el ocultamiento de deuda en el que han incurrido autoridades estatales, como es el caso de Colima, en el que los temores de los alcaldes se hicieron realidad y descubrieron un adeudo oculto, como en su momento se hizo con Coahuila.
PARTIDAS SECRETAS
Nadie sabe con certeza en qué se usan los empréstitos solicitados por gobiernos estatales y municipales porque éstos no han querido sujetarse a la Ley de Transparencia. Hay una resistencia sistemática de los funcionarios a rendir cuentas del manejo y destino final de los recursos públicos.
El ejemplo más claro es el ocurrido en el estado de Coahuila donde de plano se emplearon documentos apócrifos para contratar deuda pública con entidades financieras, hechos por los cuales se iniciaron averiguaciones públicas y se liberaron diversas órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, entre los cuales figura el propio ex gobernador Humberto Moreira Valdés.
La responsabilidad de este enorme boquete financiero se trasladará a partir del próximo 1 de diciembre al nuevo presidente Enrique Peña Nieto, en cuyo equipo cercano se ha manejado la posibilidad de crear un Fobaproa para rescatar a los estados lo que implicaría además castigos ejemplares contra los responsables, independientemente del partido político al que pertenezcan.
Las evidencias hasta ahora registradas indican que en los estados endeudados abundan las irregularidades en los procesos de solicitudes del crédito. Y como principales responsables, figuran los propios mandatarios (ya sean gobernadores o presidentes municipales) y sus secretarios de Hacienda.
Tampoco está exenta de culpa la Secretaría de Hacienda federal, la cual carece de eficiente control sobre este tipo de irregularidades para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos que pueden tener un destino comprometedor del desarrollo de las poblaciones durante las próximas generaciones.
Tampoco es descabellada la versión de que gran parte de la deuda que enfrentan los estados de la república sirvió para financiar campañas políticas, como lo ha venido señalando la organización Claridad y Transparencia Ciudadana, surgida a partir de la escandalosa deuda de más de 35 mil millones de pesos del gobierno de Coahuila, a cargo del ex gobernador Humberto Moreira.
