El posicionamiento surgió tras el cambio de dirección en e-Consulta, portal digital de Puebla y la salida de su fundador, Rodolfo Ruiz Rodríguez. Armenta negó que su gobierno haya intervenido en esa transición y desligó el relevo de cualquier presión política.

Más allá del caso, el mandatario estableció la libertad de expresión como una regla operativa de su administración, no solo como postura política. Pidió a periodistas que señalen públicamente cualquier acto de acoso o presión, y sostuvo que su gobierno tiene la obligación de responder tanto al derecho a informar como al derecho de las audiencias a recibir información verificada.

El gobernador matizó, sin embargo, que el respeto a la libertad de prensa no impide que su administración intervenga para precisar o desmentir información cuando lo considere necesario, sin que ello implique confrontación con los medios.

Sobre la salida de Rodolfo Ruiz Rodríguez, Armenta reconoció su trayectoria de más de dos décadas al frente del portal y enmarcó el hecho como el cierre de una etapa profesional, no como resultado de un conflicto con el poder.

El cargo Alejandro Armenta advierte sanciones a funcionarios que presionen a periodistas y reafirma libertad de expresión en Puebla apareció primero en Reto Diario.

Armenta sostuvo que “respeto a los colectivos, sus opiniones, a los que no están de acuerdo y a todos”, y señaló que su administración mantiene “respeto total a la libertad de expresión” y que “el respeto a las expresiones es lo más importante”. Indicó que está “abierto al debate” y “dispuesto al diálogo y al acuerdo” con quienes han criticado el proyecto, incluso en el marco de la formación del Frente Cívico contra el Cablebús, que convoca a una marcha el 26 de abril. Aunque dejó claro que esta disposición no implica cambiar la decisión de avanzar con el Cablebús.

Durante la mañanera, el gobernador también defendió el proyecto del Cablebús y lo presentó como la alternativa de movilidad central de su gobierno. El gobernador afirmó que la tesis de “ecocidio” se ha desmoronado, que no habrá tala de árboles y que el Cablebús es un sistema “integral, más rápido, más barato y ambientalmente protector del ecosistema”.

Destacó además que el proyecto no requiere perforaciones profundas ni modificaciones masivas a las calles, lo que lo convierte en una opción menos invasiva que un sistema subterráneo. Esto en relación a la posibilidad de construir un “metro” en la ciudad. Armenta dejó claro que, en este momento, su prioridad es el Cablebús y no la construcción de un sistema subterráneo de ese tipo; subrayando que ese tipo de obra implicaría décadas de construcción, perforaciones complejas y graves afectaciones a las vialidades y a la infraestructura urbana, mientras que el Cablebús representa una solución de más rápida ejecución y menor impacto diario en la ciudad.

El cargo Cablebús en Puebla sigue firme: Armenta escucha a colectivos pero descarta frenar la obra apareció primero en Reto Diario.

El mural, realizado en una barda del sector Las Torres (cerca de las calles Torres de San Luis y avenida Las Torres), formaba parte de una expresión de arte urbano. Según reportes, un grupo de aproximadamente 15 personas (11 hombres y cuatro mujeres, entre ellos los artistas Mick Martínez y Chuchito Psy) pintaba la obra cuando llegó la policía tras un reporte ciudadano. Las autoridades señalaron que la detención se debió a faltas administrativas: realizar grafiti sin autorización, consumir bebidas embriagantes en vía pública, adoptar una actitud agresiva e insultar a los elementos policiales.

El mural fue borrado por la propia policía, y sobre la superficie quedó escrita la frase “Aquí murió la libertad de expresión”, según imágenes y testimonios difundidos en redes sociales.

Foto: Redes sociales

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar se pronunció sobre el caso y declaró que respeta la libertad de expresión, pero que esta “tiene límites”.

 “La libertad de expresión también tiene que ver con la dignidad de la persona, eso está perfectamente establecido”, afirmó. Añadió que “yo aguanto vara, pero la libertad de expresión tiene un límite” y que el respeto a la dignidad de las personas es fundamental.

Pérez Cuéllar indicó que se enteró del incidente mediante una alerta en su teléfono y que la intervención policial no estuvo motivada por el contenido satírico, sino por las faltas cometidas en el lugar.

Pese a la versión oficial, el caso desató críticas de opositores, colectivos artísticos y ciudadanos, quienes lo calificaron como un acto de represión y censura contra la sátira política. Organizaciones y usuarios en redes denunciaron que la verdadera razón de la detención fue la caricatura del alcalde, interpretada como crítica a su gestión.

Tras la ola de indignación y presión en redes sociales, las personas detenidas fueron liberadas pocas horas después por instrucción del propio alcalde, según informaron autoridades municipales. Algunos reportes mencionan que el número exacto de detenidos osciló entre dos muralistas principales y un grupo mayor de acompañantes.

El mural ya no se encuentra visible.

El incidente ha reavivado el debate sobre los límites de la sátira política, el arte urbano y la libertad de expresión en espacios públicos, especialmente cuando involucra a figuras de autoridad.

El cargo “Yo aguanto vara, pero la libertad tiene límite”: alcalde de Juárez justifica detención de muralistas apareció primero en Reto Diario.

La decisión fue aprobada este martes a partir del proyecto elaborado por el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, quien argumentó que el tipo penal no define con precisión las conductas que pretende sancionar.

El artículo establecía castigos para quienes, mediante redes sociales, correo electrónico u otros medios digitales, incurrieran de forma reiterada en actos como vigilancia, hostigamiento, intimidación u ofensa, cuando estos afectaran la vida cotidiana o la integridad de una persona. Sin embargo, la Corte determinó que términos como “ofender” o “hostigar” dependen de interpretaciones subjetivas, lo que genera incertidumbre jurídica.

Además, señaló que la norma no delimitaba con claridad el elemento intencional del delito ni las consecuencias específicas de la conducta, lo que podría derivar en afectaciones desproporcionadas a la libertad de expresión.

La resolución responde a las acciones de inconstitucionalidad 81/2025, promovida por el PAN, y 88/2025, presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ambas acumuladas para su análisis.

Con este fallo, la invalidez del artículo surtirá efectos una vez que se notifique formalmente al Congreso de Puebla y tendrá aplicación retroactiva en beneficio de las personas que hayan sido procesadas con base en esta disposición desde su entrada en vigor, el 11 de julio de 2025.

Esto implica que investigaciones, denuncias y procesos penales relacionados con este delito podrían ser revisados o incluso quedar sin efecto.

La ley había sido aprobada en julio de 2025 por la mayoría legislativa local y desde entonces generó críticas de organizaciones civiles, periodistas y activistas, quienes advirtieron riesgos de censura y criminalización de expresiones en redes sociales.

El cargo SCJN invalida delito de ciberasedio en Puebla apareció primero en Reto Diario.

Por diferentes circunstancias, en los últimos días leí un interesantísimo libro que me obsequió Carlos Rocha titulado “Frente al poder. Trump, Bezos y el Washington Post” escrito por quien fuera su director, Martin Baron, uno de los periodistas vivos más reconocidos del orbe.

Casi inmediatamente después de terminarlo –o diría más bien de disfrutarlo por las historias y conflictos que cuenta sobre su estancia en uno de los mejores periódicos del mundo, el que detonó el célebre escándalo del Watergate que provocó la dimisión del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en agosto de 1974– comencé a leer otro libro que me regaló por mi cumpleaños Flora Molina.

Este texto escrito por el docente e investigador del Colegio de México, Carlos Bravo Regidor, reúne 14 entrevistas a distintos intelectuales y pensadores sobre la democracia, el populismo de izquierda y de derecha, y los viejos y nuevos fascismos en países de América, Asia y Europa.

“Mar de dudas. Conversaciones para navegar en el desconcierto”, del que apenas he leído un par de capítulos, y que es motivo de un seminario abierto coordinado por José Ramón López Rubí y Víctor Reynoso en la librería Profética, aborda los riesgos que hoy enfrenta la democracia y cómo los regímenes populistas y neofascistas buscan silenciar y terminar con la prensa libre e independiente.

Hago esta introducción para aclarar que las reflexiones que aquí expondré están influenciadas por estas lecturas, ampliamente recomendables.

Mi primer apunte en esta mesa de discusión convocada por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, uno de los pocos espacios de debate y reflexión que subsisten en nuestra máxima casa de estudios, es el siguiente: sin prensa libre e independiente no puede haber democracia, y sin democracia tampoco puede haber prensa independiente.

En otras palabras, sin periodistas y medios de comunicación que ejerzan a plenitud la libertad de expresión y el derecho a informar, y se conviertan en el instrumento de la sociedad para que los políticos y gobernantes rindan cuentas de sus acciones y de los recursos públicos que manejan, no puede existir un sistema democrático verdadero.

Podríamos clasificar ese sistema de semi competitivo, de partido hegemónico o de partido predominante, en la tipología clásica de Giovanni Sartori; de populista de izquierda o populista de derecha, de fascista o neofascista, de dictablanda o dictadura, mas no como democrático.

Para ningún observador político pasa inadvertido que la democracia liberal, republicana y constitucional atraviesa por una crisis y severos cuestionamientos como forma de vida y como forma de gobierno, y que los sistemas democráticos muestran desviaciones por métodos y prácticas viciadas de la que se han valido caudillos, populistas y fascistas encubiertos para ganar elecciones por voto universal, directo y secreto, como Andrés Manuel López Obrador en México, o por la vía indirecta a través de representantes ciudadanos, como Donald Trump en los Estados Unidos.

Un defecto de la democracia es que puede degenerar en populismo hasta el punto de aquella sea casi irreconocible, cuando el gobernante surgido de un proceso electoral se asume y se proclama como la voz del pueblo bueno y sabio, como la única mayoría que vale y cuenta porque todas las mayorías previas son espurias o fraudulentas, y como el líder que encarna al verdadero pueblo por encima de la Constitución, los otros poderes y las instituciones.

Si bien en México ha habido alternancia en la presidencia, en el Congreso y en la mayoría de las gubernaturas estatales, lo cierto es que nuestro sistema democrático, lejos de consolidarse, está experimentando retrocesos y el populismo está apropiándose de él.

Son varias las causas, pero para no perderme del propósito de esta mesa de debate, insisto en que los populistas vienen ganando terreno, imponiendo su narrativa y debilitando a los contrapesos reales y formales, por la ausencia de una prensa libre, independiente y no subordinada a las pautas y convenios publicitarios del gobierno.

Los medios de comunicación no hemos encontrado un modelo de negocio exitoso que tenga como sustento la información noticiosa, su análisis e interpretación, y que logre cubrir sus gastos, coberturas e investigaciones con los fondos de sus audiencias y suscriptores.

El gran reto continúa siendo convertirnos en canales de comunicación confiables entre la sociedad y sus gobernantes y viceversa, en garantes de los principios y valores democráticos como la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo, la tolerancia y la participación en la toma de decisiones.

En los ojos, oídos y voz de los ciudadanos para que haya elecciones libres, periódicas y competitivas, respeto al Estado de derecho, división de poderes, rendición de cuentas y transparencia, protección a las minorías y respeto a los derechos humanos.

Los periodistas tendríamos que ser la red de seguridad de la democracia y el dique contra el populismo que amenaza y vulnera sus principios, valores, instituciones, métodos y formas.

No por nada los populistas atacan a los medios y periodistas críticos, los demandan, difaman, desprestigian y les declaran la guerra.

Eso explica por qué presidentes tan aparentemente disímbolos en su origen e ideología, pero populistas, unos de extrema derecha como Donald Trump y otros de izquierda como Andrés Manuel López Obrador —y sus adláteres en los estados gobernados por Morena— no se cansan de repetir que están en guerra con los medios de comunicación, de buscar la forma de someterlos, y de identificar a estos y a los periodistas que no se les subordinan, como el partido de la oposición.

Frente a esta embestida, los medios y periodistas deberíamos hacer nuestras las palabras del que fuera director del Washington Post, Martin Baron, en el sentido de que nosotros, a diferencia de ellos, no estamos en guerra, sino haciendo nuestro trabajo, es decir reporteando, investigando, verificando y publicando aquellos asuntos que los ciudadanos quieren conocer para vivir mejor, para evaluar el desempeño de quienes nos dirigen y gobiernan y para que construir ciudadanía y dejar de ser súbditos que callan y obedecen.

Tareas y responsabilidades muy demandantes, pero que nos recuerdan que el periodismo, el buen periodismo, no es para los pobres de espíritu.

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Foto: Especial

DICIPA se perfila a ganar licitación de pruebas de laboratorio en el ISSSTEP

Una licitación para contratar el servicio integral de laboratorio y análisis clínicos para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) parece tener dedicatoria para una de las empresas participantes: DICIPA S.A. de C.V.

La presunción se basa en el acta de la junta de aclaraciones de la licitación pública nacional GEP-SPFA-LPN-016-012/2026 celebrada ayer martes en las instalaciones de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.

En la sesión interviene el representante de Grupo Clínico de la Hoz & Crystal y el de DICIPA, haciendo preguntas y planteamientos parecidos, pero que tuvieron respuestas muy diferentes.

El primero solicita a la convocante se permita integrar las pruebas 45 Cromosoma Philadelphia y PCR para tuberculosis al anexo 3 pruebas especiales, por tratarse de pruebas de baja demanda y la repuesta de la autoridad fue que tal propuesta no se aceptaba, por lo que invitaban a la empresa a apegarse a los requisitos de la licitación.

El de DICIPA, en la pregunta 43 también solicita que la prueba de somatomedina C, dada su baja productividad, sea procesada por un laboratorio de referencia con el compromiso del licitante de absorber el costo adicional.

Aquí la repuesta de la autoridad fue positiva, aceptando la propuesta sin limitarla a los demás participantes de la licitación.

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Regidora reclama transparencia, pero a su gestión la ASF le observó 216 mdp

Quien fuera directora de Egresos en la gestión municipal del priista Lorenzo Rivera Nava, Mónica Cano es actualmente regidora de Chignahuapan en el gobierno del morenista Juan Rivera Trejo.

Es regidora de Movimiento Ciudadano y desde su posición viene exigiendo transparencia al actual ayuntamiento, lo que no está mal, sólo que la administración anterior, de la cual formó parte en un puesto clave para la salida de dinero, tiene observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 216.3 millones de pesos.

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Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

El cargo Democracia y libertad de expresión apareció primero en Reto Diario.

En un mensaje dirigido a medios, el mandatario estatal sostuvo que el Gobierno del estado es respetuoso de la libertad de tránsito y de expresión, y que su actuación se rige por la tolerancia y la apertura al diálogo permanente. No obstante, subrayó que tampoco habrá omisión por parte de las autoridades, ya que –dijo– esta podría convertirse en complicidad.

Armenta enfatizó que su gobierno no está “de rodillas frente a nadie” y reiteró que el compromiso central de la administración estatal es el respeto a la ley y a los derechos humanos. “Nadie está por encima de la ley”, afirmó, al señalar que no importan vínculos familiares, cargos públicos o pertenencia a organizaciones sociales o políticas cuando se comete un delito.

El gobernador explicó que quien incurra en conductas ilícitas deberá asumir las consecuencias legales correspondientes, pues –añadió– la obligación del estado es proteger y garantizar los derechos sociales, así como hacer que estos se respeten.

Finalmente, Alejandro Armenta señaló que su administración se apega a lo establecido en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obligan a las autoridades a proteger y garantizar los derechos humanos, así como a evitar que las personas recurran a la violencia o a la justicia por propia mano para reclamar un derecho.

El cargo Armenta afirma que su gobierno privilegiará el diálogo y la legalidad, sin persecución ni omisiones apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con la titular del organismo, Rosa Isela Sánchez Soya, el nuevo modelo de atención que se pondrá en marcha durante 2026 busca fortalecer la representación legal, el seguimiento de casos y las medidas de salvaguarda ante posibles agresiones o vulneraciones a la libertad de expresión.

La funcionaria destacó que se trata de un esfuerzo por brindar un acompañamiento más efectivo a quienes lo soliciten, en un contexto donde Puebla ha registrado incidentes de violencia contra la prensa en años recientes.

Anuncia la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Rosa Isela Sánchez Soya, que se implementará un nuevo modelo de atención a la ciudadanía, apoyado por los medios de comunicación, mediante la creación de una red estatal de periodistas y defensoras de derechos humanos con la… pic.twitter.com/fHOtOpDroN

— Erick Becerra (@erickbecerra1) January 21, 2026

Sin embargo, el anuncio generó controversia inmediata entre reporteros presentes en el evento. Personal de la CDH impidió que los periodistas formularan preguntas directamente a la titular Sánchez Soya tras la presentación del proyecto, lo que limitó el espacio para cuestionamientos sobre los detalles operativos de la red, los recursos asignados o los mecanismos concretos de implementación.

Este hecho se suma a críticas previas hacia la gestión de la CDH en materia de transparencia y rendición de cuentas. En diciembre de 2025, durante la entrega de su informe anual ante el Congreso local, la ombudsperson también evitó una comparecencia abierta y respuestas directas a legisladores y prensa, bajo el argumento de formatos institucionales restringidos.

Organizaciones periodísticas en Puebla han insistido en la necesidad de que instancias como la CDH actúen con mayor apertura y eficacia en la defensa de la libertad de expresión, especialmente ante el incremento de agresiones documentadas contra comunicadores en la entidad en los últimos años.

Hasta el momento, la CDH no ha emitido una aclaración oficial sobre las restricciones aplicadas durante el anuncio de la red de apoyo. Se espera que en las próximas semanas se detallen los protocolos y el funcionamiento de esta iniciativa, que busca posicionar al organismo como un aliado clave en la protección de periodistas.

El cargo CDH Puebla anuncia red de protección a periodistas… y prohíbe preguntas en el acto apareció primero en Reto Diario.

A través de un boletín oficial, la administración estatal expresó su respaldo a la comunicadora y señaló que la Dirección de Atención de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, adscrita a la Secretaría de Gobernación, da seguimiento puntual al caso y se mantiene en comunicación con el Mecanismo Federal de Atención a Periodistas.

De acuerdo con la información disponible, los hechos se registraron cuando María Luisa Ruiz transmitía en vivo mediante su teléfono celular una movilización policiaca relacionada con el aseguramiento de personas y un vehículo en la comunidad de San José Monte Chiquito. Durante la transmisión, elementos de la Policía Municipal interrumpieron su labor, exigieron su identificación y posteriormente cortaron la señal, para después trasladarla a los separos municipales.

Testimonios de la periodista y material audiovisual difundido en redes sociales muestran que, pese a haberse identificado como prensa y no obstruir las labores policiales, fue detenida bajo el argumento de que su transmisión ponía en riesgo su integridad. Tras recuperar su libertad, la comunicadora denunció haber sido agredida físicamente, intimidada y amenazada con ser puesta a disposición del Ministerio Público por un presunto delito de usurpación de funciones.

El Gobierno del estado subrayó que la periodista tiene derecho a presentar formalmente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los hechos que hizo públicos, y precisó que la Dirección de Atención de Agravios la acompañará en los procesos que fortalezcan sus derechos para el ejercicio informativo, en caso de que así lo determine.

El caso generó pronunciamientos de condena por parte del gremio periodístico de la región y de la Red de Periodistas de Puebla, quienes señalaron posibles actos de abuso de autoridad y la falta de capacitación de los cuerpos policiacos municipales en materia de derechos humanos y libertad de expresión.

Por su parte, el presidente municipal de Santiago Miahuatlán, Omar Eulogio Toledo Balderas, declaró no contar inicialmente con el reporte oficial de la detención y posteriormente aseguró que en su municipio se respeta la libertad de expresión, además de señalar que se realizará una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Finalmente, el Gobierno de Puebla reiteró que en la entidad se respeta la labor periodística y se protege el derecho a la información, y afirmó que no se tolerarán acciones que vulneren el ejercicio libre del periodismo ni los derechos humanos de quienes desempeñan esta función.

El cargo Respalda Gobierno de Puebla a periodista detenida en Santiago Miahuatlán y rechaza intimidación al ejercicio informativo apareció primero en Reto Diario.

Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, el mandatario estatal subrayó que su administración concibe al periodismo como un pilar indispensable para la vida democrática del estado y que gobernar implica, necesariamente, comunicar con transparencia y responsabilidad.

Casa del Periodista: un espacio para el periodista de a pie

Como eje central de su política de atención al gremio, Alejandro Armenta anunció que la Casa del Periodista será entregada el próximo 7 de junio, en el marco del Día de la Libertad de Expresión, y que actualmente existen cuatro opciones de inmuebles que serán evaluadas jurídica y técnicamente para determinar la más viable.

Foto: Anel Esgua / EsImagen

“He instruido al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, para que me presente propuestas de edificios. Ya tenemos cuatro opciones que analizaremos jurídicamente para que este espacio pertenezca a la base, al periodista de a pie”, señaló el gobernador.

El titular del Ejecutivo estatal precisó que este espacio no será un ente político ni un instrumento de control, sino un centro de atención integral que ofrecerá asesoría jurídica, servicios médicos, capacitación, conectividad y apoyo inmediato a comunicadoras y comunicadores cuyos derechos sean vulnerados.

“El objetivo es que cuando se vulneren los derechos de un periodista, haya un abogado que lo defienda”, afirmó Armenta, al destacar que se dará atención prioritaria a periodistas en situación de riesgo, abandono o precariedad laboral.

Foto: Anel Esgua / EsImagen

Asimismo, hizo un llamado a que sean los propios periodistas quienes se organicen de manera independiente para gestionar y dar vida a este espacio, evitando la intervención de grupos de poder o intereses ajenos al gremio.

Respeto irrestricto a la libertad de expresión

En su mensaje, el gobernador reiteró que en su administración no habrá censura ni coacción contra el ejercicio periodístico, incluso frente a críticas o señalamientos directos hacia su gobierno.

“Puedo no estar de acuerdo, pero la defiendo, la respeto y la promuevo”, expresó, al subrayar que la libertad de expresión es un derecho que nunca debe ser limitado, siempre dentro del marco legal.

Foto: Anel Esgua / EsImagen

Armenta también señaló que su gobierno será respetuoso de la crítica, aunque ejercerá el derecho de réplica como una herramienta legítima para combatir la desinformación y fortalecer la rendición de cuentas, bajo la premisa de que “gobernar es comunicar”.

La visión de Alejandro Armenta sobre el periodismo

El mandatario estatal reconoció públicamente el trabajo profesional de las y los periodistas que cubren la fuente gubernamental, a quienes expresó su respeto, admiración y reconocimiento por su contribución al ejercicio de la vida pública y democrática del estado.

En ese mismo sentido, la titular de la Coordinación de Comunicación Social, Claudia Hernández Medina, destacó que comunicar es “una pasión y un compromiso” que implica colocar a la noticia en el centro, priorizando el derecho de la sociedad a estar informada de manera clara y objetiva.

Claudia Hernández Medina, titular de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del estado de Puebla. Foto: Anel Esgua EsImagen

Ambos funcionarios coincidieron en que fortalecer al periodismo es una condición indispensable para una democracia funcional, y que la relación entre gobierno y medios debe sustentarse en el respeto mutuo, la libertad de expresión y la responsabilidad social.

Con la creación de la Casa del Periodista, el Gobierno de Puebla busca sentar un precedente en la relación entre el poder público y la prensa, consolidando una política pública orientada a la protección de los derechos humanos, la libre manifestación de las ideas y el reconocimiento del papel fundamental del periodismo en la transformación del estado.

El cargo Anuncia Armenta la Casa del Periodista y reafirma su compromiso con la libertad de expresión en Puebla apareció primero en Reto Diario.

La resolución se dio durante la audiencia celebrada este martes en el Distrito Judicial de Coatzacoalcos, tras la detención del comunicador el pasado 24 de diciembre. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, encabezada por Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, había imputado inicialmente delitos graves, incluyendo terrorismo, derivados de una investigación iniciada en 2023 por presuntos pagos a cambio de información relacionada con hechos violentos.

Al salir de la audiencia, León Segovia declaró sentirse “feliz” por la decisión del juez de rechazar el cargo de terrorismo, aunque criticó a la Fiscalía por actuar con “odio” y “delirios de poder” en su contra.

La fiscal Jiménez Aguirre defendió la vinculación en conferencia de prensa, asegurando respeto al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión, y enfatizando que el proceso se apega al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Organizaciones como Artículo 19 han mantenido su condena al caso, considerándolo un ejemplo de criminalización de la labor periodística en un contexto de alta vulnerabilidad para la prensa en Veracruz. El gremio local protestó afuera del recinto judicial exigiendo su liberación absoluta.

El caso continuará con las investigaciones complementarias, mientras el periodista deberá permanecer en su domicilio bajo vigilancia.

El comunicador, especializado en nota roja en el sur de Veracruz, fue detenido el pasado 24 de diciembre, en un operativo conjunto entre la Policía Ministerial y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Según la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, la orden de captura se derivó de una denuncia anónima de un testigo protegido.

Al ser trasladado a la audiencia, el periodista declaró ante las cámaras: “Ya saben lo que fabrica esta Fiscalía… esta fiscal me odia”, en referencia a la titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre el caso durante su conferencia matutina del 29 de diciembre, exigiendo a la Fiscalía veracruzana explicar el uso del delito de terrorismo.

 “No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y, en todo caso, tendría que explicarlo la fiscalía de Veracruz, porque no ha habido una acusación por terrorismo en México nunca”.

Sheinbaum enfatizó que la libertad de expresión debe prevalecer “por encima de todo” y que, de existir un delito probado, no debe vincularse a su trabajo como reportero.

Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle García rechazó que la detención represente un atentado contra la prensa, asegurando que en Veracruz “se vive con libertad de expresión, yo diría que hasta con excesos”.

El cargo Rafael León Segovia, bajo resguardo domiciliario un año tras audiencia en Coatzacoalcos apareció primero en Reto Diario.

En sus instalaciones, ubicadas en la zona de Los Fuertes, uniformadas y uniformados salvaguardaron la seguridad, tanto de los participantes, como del inmueble.

El Poder Legislativo reitera su respeto a las diferentes manifestaciones y se pronuncia a favor de la libertad de expresión y de la paz.

El cargo Garantiza el Congreso del Estado la libertad de expresión y se suma al llamado a favor de la paz apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con el documento publicado en la Sombra de Arteaga, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gobierno serán las encargadas de realizar inspecciones y aplicar sanciones, que van desde la suspensión parcial o definitiva de los eventos hasta la revocación de permisos. En caso de flagrancia, se dará vista a la Fiscalía General del Estado por apología del delito.

No se atenta contra géneros, sino contra la violencia: Kuri

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, anunció la medida a través de un mensaje difundido en redes sociales, en el que subrayó que Querétaro no permanecerá de brazos cruzados frente a la normalización de la violencia.

“No vamos contra ningún género, sino contra la perversión de cualquiera de ellos. No se trata de callar voces, sino de proteger valores, de cuidar a nuestras niñas, niños y jóvenes de mensajes que deforman y seducen con falsas glorias a través del miedo, el odio, la riqueza o el poder que proviene del crimen”, afirmó.

El mandatario estatal recordó que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que la libertad de expresión tiene límites cuando atenta contra la moral pública, la paz social o incita a la comisión de delitos.

Exhorto a municipios y comercios privados

Kuri González hizo un llamado a los 18 ayuntamientos de la entidad a reforzar esta medida en sus reglamentos locales y disposiciones administrativas, para que también sea aplicable en establecimientos mercantiles y centros de entretenimiento privados.

“No vamos a permitir que se siembre la semilla de la violencia en el corazón de nuestra gente. No lo vamos a permitir en nuestras plazas, ferias, auditorios ni en los lugares de esparcimiento. Tenemos la responsabilidad de cuidar a Querétaro, y lo vamos a hacer. Es momento de decir juntos: ¡ya fue suficiente!”, sentenció el gobernador.

En #Querétaro afrontamos con prevención y unidad los desafíos a nuestros valores.

Tengo este mensaje para ustedes, sobre acciones precisas para defender en nuestro estado la paz presente y futura, la familia, el bien común y la vida, construyendo ambientes públicos que estén… pic.twitter.com/9ImR06etJe

— Mauricio Kuri (@makugo) August 18, 2025

Cultura de paz como alternativa

El decreto también instruye a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Cultura a promover expresiones artísticas y musicales que fortalezcan una cultura de paz y fomenten el respeto a los derechos humanos, con el objetivo de ofrecer a las nuevas generaciones alternativas culturales alejadas de la violencia.

Con esta medida, Querétaro se suma a entidades como Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Morelos y Aguascalientes, además de municipios en el Estado de México como Texcoco, Metepec y Tejupilco. También ciudades como Cancún, Chihuahua y Tijuana han aplicado restricciones similares en los últimos dos años.

La prohibición de los llamados narcocorridos y otros géneros que exaltan el crimen organizado ha generado debate nacional sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad del Estado en la prevención de la violencia.

El cargo Querétaro prohíbe narcocorridos y música violenta en eventos públicos: sanciones incluyen suspensión y revocación de permisos apareció primero en Reto Diario.

Impulsora de la Ley Olimpia a nivel nacional, Coral Melo reconoció como positivo que se refuerce el marco jurídico para castigar el ciberasedio. No obstante, subrayó que este tipo de reformas deben ir acompañadas de estrategias preventivas y de una comprensión integral del problema.

“No debe existir ninguna vía legal que permita vulnerar la libertad de expresión, aun cuando se busque combatir el ciberacoso”, enfatizó.

Recordó que en Puebla este delito ya estaba tipificado, y que la legislación estatal ha sido referente para otras entidades. Afirmó que cualquier mejora normativa es bienvenida, siempre y cuando contribuya efectivamente a proteger a las mujeres y a erradicar la violencia digital.

Coral Melo también señaló que trabajó de manera cercana con la diputada Laura Artemisa García Chávez para que las reformas fueran justas, eficaces y respetuosas de los derechos humanos.

Finalmente, advirtió que las plataformas digitales operan bajo algoritmos con sesgos patriarcales que perpetúan la violencia, y que la creación de leyes no basta si no se atacan las raíces estructurales del problema.

El cargo Pide Olimpia Coral garantizar que reformas contra ciberacoso no vulneren libertad de expresión apareció primero en Reto Diario.

La violencia política de género (VPG) se está utilizando en México como un descarado mecanismo de censura de manera preocupante.

Esto se debe a que algunos personajes políticos –de la 4T, pero también del PAN y PRI– están instrumentalizando esta figura legal para silenciar críticas y acallar a periodistas y ciudadanos que los cuestionan o critican en pleno uso de su libertad de expresión.

Los casos más recientes deberían prender todas las alarmas.

El de Karla Estrella Murrieta, una ciudadana que fue sancionada por el Tribunal Electoral por publicar un tuit crítico sobre la diputada Diana Karina Barreras, bautizada y ridiculizada como “Dato Protegido”. La sentencia incluyó disculpas públicas durante 30 días y una multa.

El de Jorge González, un periodista de Campeche que fue inhabilitado y vinculado a proceso tras una denuncia de la gobernadora Layda Sansores.

El de Héctor de Mauleón y Ángel Camarillo, periodistas que enfrentan procesos judiciales por sus investigaciones. En el caso de De Mauleón, columnista de El Universal, trascendió que su domicilio privado incluso está siendo vigilado con un dron, luego de que el INE le hizo llegar una notificación para eliminar una información en la que escribió sobre una red de huachicol con operaciones en Tamaulipas.

El de Laisha Wilkins, una conocida actriz, muy activa y crítica en la red social X, que fue demandada por violencia política de género por responder con una risa a un post sobre una candidata a ministra de la Suprema Corte.

El de Radio Teocelo, una de las emisoras comunitarias más importantes y antiguas en México, que enfrenta una persecución judicial por ejercer un periodismo crítico e independiente. En mayo de 2024 transmitió un spot de un minuto, en formato de caricatura política, que cuestionaba malas prácticas como corrupción, nepotismo y candidaturas plurinominales, sin mencionar nombres, partidos, familias ni lugares. Luego de la transmisión de esa cápsula, Mara Chama Villa, hija del exalcalde de ese municipio, Mario Antonio Chama Díaz, los denunció por VPG.

Y el de la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, quien acusa de violencia política a un medio de comunicación que reveló un supuesto desvío de 898 millones de pesos en su administración y pide 15 días de disculpas públicas.

Ya no es una casualidad.

Políticos y políticas de piel sensible, reacios a la crítica –ya no se diga a la autocrítica–, encontraron ya el camino fácil y cómodo para, con la complicidad de jueces y autoridades electorales corruptas, limitar o frenar en seco a periodistas y ciudadanos.

Victimizarse bajo el argumento de sufrir violencia política de género es la nueva amenaza a la libertad de expresión en México.

Hoy, hacer un comentario o difundir alguna información delicada sobre alguna mujer política –no en razón de su género, sino por su desempeño en la arena pública– es casi como jugar a la ruleta rusa.

En Puebla ha habido varios casos, bastante conocidos: algunos muy justificados por los excesos cometidos, otros meros instrumentos de gente con poder para amedrentar, acosar, perseguir, amordazar y desprestigiar.

El clima de terror que se ha construido so pretexto la “violencia política de género” es a todas luces injustificable.

Pero, hay que decirlo, se enmarca en los tiempos que corren: tiempos de intolerancia, de generaciones de cristal, de censura, de victimización y de autocompasión, fenómenos a los que –por cierto– no son ajenos los integrantes de la nueva camada de reporteros y reporteras poblanas, que no hubieran soportado los choques prensa-poder en los gobiernos de Manuel Bartlett Díaz, Mario Marín Torres o Rafael Moreno Valle Rosas. Hoy, hasta una simple mirada feroz del poder los lastima.

En resumen: la instrumentalización de la violencia política de género está generando miedo y autocensura entre periodistas y ciudadanos, limitando la libertad de expresión y el debate público.

Y lo peor es que la utilización de esta figura para silenciar críticas, deslegitima la lucha genuina contra la violencia política de género y debilita la protección efectiva de las mujeres en política.

Hay un patrón sistemático de censura institucional y judicialización de la crítica.

La “violencia política de género” es la nueva, y más eficaz, arma de políticos y gobernantes para evadir la rendición de cuentas, ocultar sus abusos y acallar a quienes los denuncian.

Como diría el clásico: “Qué asquerosidad es esto, ¡eh!”

El cargo El uso y abuso de la violencia política de género apareció primero en Reto Diario.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, calificó esta norma como un intento de censura impulsado por gobiernos de Morena, y aseguró que no permitirán que se criminalice a los ciudadanos por expresarse en redes sociales.

“Hoy saliendo de aquí vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de este horror, que es lo que ellos le llaman Ley de Ciberasedio y nosotros le llamamos la Ley Censura”, expresó Romero en el espacio informativo.

El líder panista adelantó que, acompañado por el académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) Luis Enrique Sánchez, entregaría más de 8 mil firmas ciudadanas recolectadas en una plataforma digital como respaldo a la impugnación.

“Te pueden meter a la cárcel por opinar”

Romero Herrera afirmó que la actual redacción del artículo 480 abre la puerta a que cualquier persona sea castigada hasta con tres años de cárcel simplemente por realizar una publicación considerada ofensiva.

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN. Foto: X / @JorgeRoHe

“Si vives en Puebla, hoy te pueden meter a la cárcel si alguien se siente ofendido y eso es lo que vamos a buscar derogar”, declaró el dirigente.

Criticó que incluso comentarios cotidianos o bromas puedan ser malinterpretados como delitos.

“Si comentas sobre un partido América-Chivas, te denuncian y acabas en la cárcel. Reímos para no llorar, pero así se aplica en Puebla hoy por hoy”, ironizó.

Amparo universal y llamado ciudadano

Además de la acción constitucional, el PAN anunció que promoverá un amparo universal para que cualquier ciudadano pueda adherirse y defender su libertad de expresión. “Hacemos un llamado a miles de personas para que se inscriban y se defiendan”, enfatizó Romero.

El líder nacional también pidió al Poder Judicial que actúe conforme a la Constitución, sin prejuicios ni presiones políticas.

“Este es el momento de definir si defendemos las libertades o defendemos al poder”, sentenció.

Redacción ambigua, alertan organizaciones

Diversos colectivos civiles, usuarios de redes sociales y legisladores han expresado su preocupación por el contenido del artículo 480, argumentando que su ambigüedad puede facilitar abusos e interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades, afectando derechos fundamentales como la libertad de expresión.

En tanto, el Congreso de Puebla ya discute una propuesta para modificar la redacción del artículo y evitar que se preste a interpretaciones erróneas o a persecución política.

Acciones ante la CNDH

Jorge Romero, líder nacional del PAN, y Luis Ernesto Sánchez académico de la BUAP. Foto: X / @JorgeRoHe

De acuerdo con lo informado por el PAN, este martes 8 de julio, también acudirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para solicitar su intervención y sumar a otras universidades, organizaciones civiles y partidos políticos a la exigencia de derogar la reforma.

El cargo PAN impugna ante la Suprema Corte la “Ley Ciberasedio” de Puebla, por considerarla inconstitucional apareció primero en Reto Diario.