La diputada Esther Martínez Romano destacó que la participación de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas será indispensable para construir una Ley General que responda a sus distintas realidades, formas de organización y sistemas normativos.
En rueda de prensa, la presidenta de la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Congreso explicó que la consulta permitirá conocer las opiniones, necesidades y propuestas de las comunidades antes de que el proyecto legislativo sea presentado al Congreso de la Unión.
Señaló que la reforma al artículo 2º de la Constitución Federal reconoció a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que ahora se requiere una Ley General que establezca los mecanismos para ejercer esos derechos y las responsabilidades correspondientes a las autoridades.
En ese sentido, detalló que la propuesta de Ley General contempla temas como la libre determinación y la autonomía; los derechos del pueblo afromexicano; la participación de las mujeres, la niñez y las juventudes; los derechos de las personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad; la consulta y el consentimiento; la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y los mecanismos de protección de derechos.
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“Las decisiones que se adopten tendrán efectos directos en la organización comunitaria, la autonomía, el territorio, el acceso a los recursos públicos y la participación política. Por eso la construcción de esta Ley no puede realizarse únicamente desde las instituciones”, expresó Esther Martínez.
Para el caso de Puebla, la entidad contará con cuatro Asambleas Regionales de Consulta que se realizarán de la siguiente forma: el 23 de agosto, en Tehuacán; el 28 de agosto, en San Miguel Canoa, en la capital; el 29 de agosto, en Huauchinango; y el 30 de agosto, en Cuetzalan del Progreso.
Añadió que la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas contribuirá a difundir la información entre las autoridades tradicionales, comunitarias, agrarias y municipales, además de dar seguimiento a los resultados y a las adecuaciones que posteriormente deban realizarse en el marco jurídico estatal.
Finalmente, Esther Martínez señaló que una consulta legítima requiere información suficiente, respeto a los tiempos y sistemas normativos de las comunidades, así como claridad sobre la manera en que sus propuestas fueron analizadas e incorporadas al proyecto legislativo.
