En Puebla, la diputada María de la Barreda Angon presentó una iniciativa para evitar el manejo indebido de recursos públicos durante el proceso de entrega-recepción y que la Auditoría Superior del Estado (ASE) realice revisiones preventivas en tiempo real durante el periodo de transición.
Ante el denominado hoyo financiero de 547 millones de pesos que dejó el panista Adán Domínguez Sánchez en el Ayuntamiento de Puebla, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso reformar la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.
La iniciativa señala que este hecho generó un impacto negativo en las finanzas públicas municipales y en la capacidad operativa de la nueva administración –que encabeza José Chedraui Budib– afectando directamente a la sociedad, que no puede recibir los servicios públicos con regularidad debido a la restricción presupuestal “generada con dolo”.
Por esa razón, María de la Barreda propuso que la ASE pueda realizar auditorías preventivas en tiempo real durante el periodo de transición gubernamental en los municipios y el Gobierno del estado.
Esto a fin de evitar que prácticas indebidas se perpetúen sin ser detectadas a tiempo, comprometiendo los recursos públicos y afectando la capacidad de las administraciones entrantes para cumplir con sus responsabilidades.
ASE iniciará procedimientos administrativos y dará vista a la FGE
Si el Congreso de Puebla avala la iniciativa, la ASE realizará revisiones preventivas de los aspectos financieros, presupuestarios y programáticos.
Asimismo, podrá iniciar revisiones de oficio o a solicitud de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación del Congreso, la Contraloría Municipal, algún diputado local, el gobernador entrante o saliente y el edil entrante o saliente.
Si durante la revisión se detectan irregularidades que comprometan recursos futuros sin justificación, afecten la solvencia económica o generen pasivos injustificados excediendo el presupuesto aprobado, la Auditoría emitirá recomendaciones, informará al órgano interno de control del ente revisado y al Congreso; además, podrá iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa y dará vista a la Fiscalía General del Estado (FGE).
