Tras el caso de la supuesta psiquiatra Marilyn Cote, la diputada local de Puebla Grace Palomares Ramírez propuso imponer de dos a seis años de prisión a quien usurpe una profesión y ofrezca servicios como profesionista.
Durante la sesión plenaria de este jueves, la legisladora de Morena presentó una iniciativa para reformar la fracción II y adicionar un párrafo al artículo 258 del Código Penal del Estado de Puebla.
El objetivo es sancionar a quien, sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedida por autoridad u organismos legalmente capacitados para ello, ofrezca públicamente sus servicios como profesionista o se atribuya el carácter de profesional y ejerza actos propios de la profesión.
La diputada local de Morena, Grace Palomares (@GracePalomares) propone de 2 a 6 años de prisión a quien usurpe funciones, esto ante el caso de la falsa psiquiatra #MarilynCote @retodiariomx pic.twitter.com/u9r2QjHFLs
— Berenice Martínez (@bereymar) November 14, 2024
Lo anterior, ante el caso de Marilyn Cote, la supuesta psiquiatra que recetó medicamentos controlados sin contar con la preparación y el título profesional para ello.
“El caso de Marilyn Cote, una persona que se ostenta como psiquiatra y que aparentemente no cuenta con los títulos y las credenciales adecuadas, conmocionó a la sociedad poblana prometiendo curar la depresión y la ansiedad en tan solo ocho días”, refirió la legisladora.
Sanción aplicaría especialmente para áreas de salud y justicia
Palomares Ramírez señaló que este tipo de casos no pueden quedar impunes y consideró urgente que las autoridades investiguen con la prontitud que amerita.
La reforma que presentó busca asegurar que las personas que acceden a los servicios profesionales lo hagan de la mano de expertos capacitados que cuenten con los títulos y las licencias pertinentes.
La morenista presentó la iniciativa para que en los casos de usurpación de profesiones, especialmente en áreas como la salud y la justicia, sean investigados de manera más ágil y sin mayores requisitos, dado que el Ministerio Público y las autoridades policiales deben contar con las herramientas necesarias para actuar de inmediato cuando se detecten irregularidades que puedan poner en peligro a las personas.
La propuesta de Grace Palomares fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso para su estudio y resolución.
