En votación secreta, la LXII Legislatura del Congreso de Puebla eligió a Rosa Isela Sánchez Soya como nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) para un periodo de cinco años.
La próxima titular del organismo defensor de los derechos humanos fue elegida con 35 votos a favor durante la sesión plenaria de este miércoles.
#AHORA Con 35 votos a favor, el Congreso de Puebla elige a Rosa Isela Sánchez Soya como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (@CDHPuebla).@retodiariomx pic.twitter.com/17XZd14ZBc
— Berenice Martínez (@bereymar) November 6, 2024
Será presidenta de la CDH Puebla por el periodo del 7 de noviembre de 2024 al 6 de noviembre de 2029.
Rosa Isela Sánchez tiene la licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM), maestría en proceso de titulación por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, y es maestrante en Derechos Humanos por el Centro de Estudios de Posgrado de Chiapas.
El otro finalista, Marco Antonio Moreno Rosado, no obtuvo ningún voto a favor de los diputados y las diputadas locales.
Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Roberto Zatarain Leal, señaló que desde su creación, la CDH ha tenido seis hombres y solo una mujer en la presidencia, y que Puebla es el cuarto estado a nivel nacional con más violaciones a derechos humanos.
Esto significa que diariamente se reportan de 25 a 30 quejas. Además, criticó la forma en que el ombudsman saliente, Félix Cerezo Vélez, ejerció el presupuesto público y que haya reducido la emisión de recomendaciones.
“Era fundamental que esta soberanía cumpliera con el deber de renovar la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no es de una persona, sino de las y los poblanos”, dijo Zatarain Leal en tribuna.
Por su parte, la diputada local del PAN Luana Armida Amador Vallejo señaló que la figura del ombudsperson tiene como función principal asegurar que el estado cumpla con su papel de brindar bienestar social a la ciudadanía y que las autoridades no violenten sus derechos humanos.
Además, advirtió que debe contar con independencia y no estar sujeta a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para garantizar su imparcialidad.
