Con el objetivo de garantizar el reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica de las personas con discapacidad y adultas mayores en todos los ámbitos de la vida, que les permita el ejercicio digno, efectivo y autónomo de sus derechos, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para adicionar la fracción III Bis al artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
En sesión ordinaria de la LXII Legislatura, expuso que la iniciativa considera la creación e implementación de mecanismos, salvaguardas, ajustes administrativos y procesales, bajo un enfoque inclusivo, diferencial, transversal, de derechos humanos y una perspectiva interseccional que elimine y sancione toda forma de violencia y discriminación en contra de personas con discapacidad y adultos mayores.
La propuesta legislativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Atención a Personas con Discapacidad para su estudio y resolución.
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Posteriormente, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa para modificar el Código Penal, con el objetivo de detectar, investigar, perseguir y sancionar los actos que pudieran constituir delitos de tipo sexual en contra de los menores de edad y personas con discapacidad.
La propuesta para adicionar las fracciones IV, V y VI al artículo 240 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.
En tanto, la diputada Azucena Rosas Tapia presentó una iniciativa para considerar al personal administrativo de las instituciones de salud, como generador de violencia obstétrica dentro del texto de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.
La propuesta para reformar el párrafo primero del artículo 18 Bis de dicha Ley, fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente.
Asimismo, la diputada Celia Bonaga Ruíz presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales, con la finalidad de establecer que, al interior de los Centros de Reinserción Social, las autoridades competentes realizarán campañas de prevención de cáncer de mama.
La propuesta considera que las autoridades competentes implementarán de manera mensual campañas de prevención de cáncer de mama, así como la realización de ultrasonidos y mastografías para que las mujeres puedan acudir a realizarse dichos estudios, y en caso de ser necesario, recibir la atención médica adecuada.
La propuesta para adicionar un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales para el Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis.
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Por su parte, el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina presentó una iniciativa para reformar el artículo 605 Bis del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, a fin de indicar que el derecho de convivencia se puede suspender por el incumplimiento del pago de alimentos.
La diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa de reforma a los artículos 336 y 337 Código Penal para establecer que incurre en el delito de homicidio en razón de parentesco o relación la pareja la o el cónyuge que prive de la vida a su hijastra o hijastro, y se le aplicarán las mismas penas al ascendiente del menor que teniendo conocimiento del hecho omita comunicarlo al Ministerio Público.
Como parte del orden del día se dio cuenta de la iniciativa del diputado Rafael Micalco Méndez para reformar el artículo 6 de la Ley de Medios Alternativos en Materia Penal, para establecer que los medios alternativos solo serán procedentes para los no reincidentes, es decir en los casos en los que el inculpado no tenga antecedentes de haber cometido algún otro delito, o haya participado en un procedimiento de mediación con anterioridad.
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Las iniciativas de los diputados Mauricio Céspedes y Rafael Micalco, así como de la diputada Graciela Palomares, fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
Al final, el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 217 ayuntamientos a que destinen al menos el 25% de los recursos federales recibidos del Ramo 33 con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) para la atención de las necesidades vinculadas a la seguridad pública.
El exhorto fue turnado a la Comisión de Seguridad para su estudio y resolución correspondiente.
