Ante la crisis hídrica en Puebla, la Asamblea Social del Agua (ASA) busca impulsar con mayor intensidad una nueva ley que abarque desde el ciclo para su obtención y el desteñido que tiene, además de que una vez cuando entre en vigor, pueda desprivatizarse en los 217 municipios.
Así lo expuso en rueda de prensa, María Eugenia Ochoa García, integrante de ASA, al referir que la iniciativa se encuentra en el Senado de la República, pues desde el 2012 han trabajado con los pueblos originarios, universidades y colectivos, para hacer frente a los problemas que representa la escasez del líquido.
Detalló que en todo el país se logró reunir más de 200 mil firmas para que en 2020 se presentara el proyecto, mismo que tendría un impacto positivo en la demarcación, ya que la actual empresa encargada de otorgar el servicio ha sido señalada por contaminación, pese a que el 20 por ciento de los pagos se destina al saneamiento.
Por ello, dio a conocer que Colectiva por el Bienestar cuenta con una denuncia comunitaria en donde exigen a la concesionaria Agua de Puebla, regresar el dinero que está descontando de los recibos, ya que no lo está ocupando para lo que se supone debería de tener la obligación de invertir.
Señalaron que es injusto que sigan beneficiándose por este monto con el que generan riqueza y violan el derecho humano al agua con la falta de acceso al recurso en 200 colonias, además de que el 90 por ciento tiene una crisis de insuficiencia tal como en el caso de Amalucan que sólo les cae 15 minutos por cinco días a la semana.
Asimismo, afirmó que la empresa hace uso indiscriminado de los pozos en Cuautlancingo y el de la Unidad Habitacional Aquiles Serdán, quienes ya iniciaron un proceso jurídico por tener cerca una excavación para meter tubular y llevar el servicio a otros lugares.
Demandan consulta ciudadana
Ochoa García también urgió una consulta ciudadana en el que se puedan recabar firmas de los poblanos para poder retirar la concesión a Agua de Puebla y que vuelva a ser un bien común y público, pues una de las crisis que enfrentan es el cobro desmedido de multas en el municipio.
En ese sentido ASA, Agua para Todos, Colectiva Bienestar Social se unieron para poder crear un frente y solicitar al Congreso de la Unión desechar toda propuesta que no emane de las denuncias ciudadanas y satisfaga el bienestar de las familias y de los recursos naturales que hay en la región.
Finalmente, reiteraron que en la Cámara Alta se debe aprobar el dictamen para una Ley General de Aguas que cumpla con el mandato constitucional y con las aspiraciones de la iniciativa popular.
