En Puebla, la diputada Daniela Mier Bañuelos presentó una iniciativa para reconocer como delito la cobranza ilegítima, que realizan despachos de cobranza a través de llamadas telefónicas o visitas domiciliarias, a fin de imponer hasta tres años de prisión.
Ante el aumento significativo de prácticas abusivas en la cobranza de deudas, la legisladora de Morena propuso reformar el Código Penal del Estado de Puebla, con el propósito de añadir la sección segunda que se denominará “cobranza ilegítima”.
De esta forma, se considerará cobranza ilegítima la que se realice mediante llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, desde alguna aplicación tecnológica u otro medio, siempre que se utilicen medios ilícitos o efectúe actos de hostigamiento e intimidación.
El delito se perseguirá de oficio y por este se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de 50 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que equivale de 5 mil 428.5 pesos a 54 mil 285 pesos en 2024.
Las sanciones aplicarán para aquellos que, con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice medios ilícitos o realice actos de hostigamiento e intimidación.
Las penas se incrementarán hasta en una mitad, es decir, hasta tres años de prisión, si para el efecto de cobranza se emplearon documentación, sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión.
En la exposición de motivos, la diputada Daniela Mier indicó que la cobranza ilegítima es un problema creciente en México y las víctimas a menudo no saben cómo defenderse, razón por la cual la iniciativa busca proteger los derechos de la ciudadanía y promover prácticas comerciales justas y éticas.
Asimismo, refirió que estas prácticas generan un impacto negativo en la calidad de vida de las personas y han contribuido a un clima de inseguridad jurídica.
En muchos casos los despachos de cobranza o entidades financieras recurren al acoso constante a través de llamadas telefónicas, visitas en los domicilios y el uso de medios tecnológicos, generando con esto un deterioro en la salud mental y emocional de los afectados.
