El Senado de la República urgió a los congresos locales a que armonicen su legislación en materia de guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio, conocida como Ley Monzón que surgió en Puebla tras el asesinato de la activista Cecilia Monzón Pérez.
La Cámara Alta aprobó un dictamen para solicitar a 24 congresos estatales del país a que adecuen su normativa en la materia.
Las entidades federativas a las que se hizo el llamado son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
La propuesta fue impulsada por la senadora de Morena y presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, la cual busca proteger a las mujeres que viven violencia extrema por razón de género, pero también garantizar la seguridad e interés superior de la niñez.
Los congresos tendrán que hacer las adecuaciones normativas en su legislación en materia de suspensión de la guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio, desde el momento de la vinculación a proceso.
En el dictamen aprobado, las senadoras y los senadores detallaron que el 2 de marzo de este año fue avalada una reforma al Código Penal y Civil del Estado de Puebla, iniciativa que fue bautizada como “Ley Monzón” y que consiste en suspender la patria potestad a posibles feminicidas y retirarla si se confirman las sentencias.
Con ello, Puebla se convirtió en el primer estado del país en promulgar una ley de este tipo y sentó un precedente que activistas, colectivos feministas y familiares de víctimas esperan que se convierta en ley nacional, de ahí la necesidad de que se analicen estas modificaciones en los códigos penales de todas las entidades federativas.
